La expropiación de Vicentin es sólo un capítulo más de una novela que lleva ya muchos años. Una extraña mezcla entre desprecio y fascinación que el kirchnerismo ha tenido hacia el sector agropecuario desde los tiempos en los que Néstor Kirchner se dio cuenta de las enormes posibilidades de construir poder político a través de la “caja” que las exportaciones agropecuarias le dieron. Esa fascinación se volvió voracidad y tuvo su pico de conflicto en el año 2008 con las famosas retenciones móviles (cuyo fracaso político casi le cuesta su cargo a la actual vicepresidente).

Desde ese entonces, el productor agropecuario ha sido siempre centro de críticas desde el sector político que hoy dirige los destinos del país. El discurso del odio hacia el campo ha acompañado la política kirchnerista durante más de una década. Los “sojeros”, “terratenientes”, miembros de la “oligarquía”, fueron también tratados de especuladores antipatria, y por lo tanto debían ser expoliados por el Estado y, en caso de resistencia, encendidos discursos justificaban hasta la quema de sus campos y la expropiación de sus tierras. Una vez más, como suele pasar, la realidad supera a la ficción.

El discurso kirchnerista es todo menos novedoso. Así como fue con la expropiación de YPF justificada en la “soberanía energética”, hoy vuelven con la expropiación de Vicentin para justificar la “soberanía alimentaria”. Un término algo viejo, también, que supo enarbolar Hugo Chávez en Venezuela allá por el año 2007 para justificar el comienzo de una serie de expropiaciones que terminaron en una destrucción industrial tal que algunos años después la población llegó a padecer un terrible desabastecimiento que la obligaba a colas interminables en los supermercados para conseguir alimentos.

No existe justificación alguna para una medida semejante. Se ensayaron las más ridículas explicaciones para defender la medida: la protección de los trabajadores, la soberanía alimentaria, el riesgo de “extranjerización del sector” y el Estado como “jugador activo” para el desarrollo productivo. Excepto esto último, cada uno de estos motivos es falso. Veamos:

La protección de los trabajadores: la empresa, pese a estar en concurso preventivo, nunca dejó de abonar salarios, ni realizó despidos masivos. Inició un concurso preventivo que estaba llevando adelante mientras continuaba sus actividades. No había mostrado señales que indicaran el riesgo a las fuentes de empleo.

La soberanía alimentaria es un concepto tan ridículo en un país que produce alimentos para diez veces su tamaño que resulta casi un insulto al sentido común. Si hay argentinos que tienen dificultades para alimentarse no es porque falten alimentos o tenga que ver el sector agropecuario, sino más bien es parte de una pobreza estructural que se ha ido construyendo en la Argentina, fruto de muchos años de gobiernos del mismo signo político que el actual y que procuró, sin dignidad, esconder falseando estadísticas durante buena parte de su gestión.

La llamada “extranjerización del sector” no es otra cosa que la posible participación de una empresa extranjera en el capital accionario de Vicentin. La inversión extranjera es sin duda un activo escaso y valioso en nuestra economía. Y, paradójicamente, este intento expropiatorio explica muy bien por qué lo va a seguir siendo.

Quizás el rol del Estado como “jugador activo” en el sector sea, en definitiva, la menos falaz de las explicaciones, aunque ese rol se explique más desde lo ideológico que desde lo económico. Es que cuando el río suena, agua trae. Tiempo atrás salió a flote la idea de volver a la Junta Nacional de Granos, dicho de otra forma, al monopolio estatal de la exportación agropecuaria. Un modelo obsoleto, fracasado y que no funciona en ninguna parte del mundo. Aunque las críticas recibidas hicieron descartar la idea al gobierno, expropiar Vicentin pareció darle a esa intención una segunda oportunidad. Esta expropiación es solo el primer paso. Al entrar el gobierno como jugador en un mercado de sólo seis participantes, su acción no va a ser como la de un competidor más. Simplemente porque, a diferencia del resto, no tiene intención ni interés en que la empresa obtenga ganancias y así, con el tiempo, puede aventajar al resto de los competidores para imponer sus condiciones. Frente a esto, no puedo dejar de hacerme estas preguntas:

¿Qué es lo bueno que puede suceder cuando un frente político que ha destratado históricamente al sector agropecuario quiere ser parte del mismo desde la maquinaria del Estado? La respuesta es nada.

¿Necesitan los productores agropecuarios que el Estado intervenga en sus transacciones como comprador de los granos que producen? Sin duda que no lo necesitan.

¿Necesita el país que las arcas defaulteadas del Estado gasten millones en una empresa concursada para que siga haciendo lo que ya venía haciendo? Claro que no.

¿Necesita el negocio agropecuario la intervención estatal en una empresa para potenciar su capacidad exportadora? Para nada. La potencia exportadora del agro ha dado sobradas muestras de su capacidad para generar divisas incluso a pesar de la voracidad kirchnerista.

Expropiar Vicentin no ayuda al sector agropecuario, ni a sus trabajadores ni a la mesa de los argentinos. Es simplemente una mala idea, como fue la de expropiar YPF (que hoy vale mucho menos de lo que se pagó y aun nos reclaman muchísimos millones más).

En definitiva, ya ni siquiera se puede pedir al Gobierno ideas que ayuden al campo. A esta altura simplemente alcanza con que lo deje tranquilo.

Lucila Lehmann es diputada nacional por la Coalición Cívica ARI.
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