El proyecto de la diputada Alicia Gutiérrez habilita el autocultivo y la fabricación doméstica de aceite para consumo personal con fines terapéuticos. Numerosos fallos de la justicia han reconocido la necesidad de garantizar la provisión estatal de este tratamiento.

La autorización del Ministerio de Seguridad de la Nación para que se instale, en Jujuy, el primer centro destinado a la producción de cannabis medicinal reavivó el debate sobre este tema en los últimos días. La creación de una empresa estatal, dirigida por el hijo del gobernador Gerardo Morales, en asociación con una farmacéutica estadounidense, despertó dudas y cuestionamientos en la opinión pública, sobre todo de parte las organizaciones que luchan por el acceso a estos productos fundamentales para el tratamiento de enfermedades. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que se elimine el cannabis (así como la resina de cannabis) del listado más restrictivo de la convención sobre drogas de 1961, según un documento difundido en su página oficial.

En este sentido, la diputada provincial, Alicia Gutiérrez, presentó el año pasado un proyecto de Ley que habilita el autocultivo de cannabis y la fabricación doméstica de aceite, en Santa Fe, exclusivamente para consumo personal con fines terapéuticos. “Esta normativa busca responder a una demanda urgente que tienen todas aquellas personas que padecen enfermedades y que requieren el tratamiento con cannabinoides para mejorar su calidad de vida. El Estado debe garantizar el acceso a las y los pacientes que lo necesitan, no se puede convertir en un negocio, porque se trata de un derecho humano básico como es la salud. Debemos avanzar en este camino y que queda claro que el autocultivo es legítimo y no punible”, afirmó la diputada Gutiérrez. Se designa al Ministerio de Salud de Santa Fe como autoridad de aplicación de la ley, cuya competencia administrativa se distingue de la competencia penal que es de carácter federal.

La provincia ha sido pionera en sancionar, en 2016, la ley 13602, que autoriza, entre otras cosas, al Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) el desarrollo de investigaciones y estudios en la materia y también la producción de aceite de cannabis medicinal para su comercialización. “De esta manera, queda claro que Santa Fe se aparta del concepto punitivista del consumo de cannabis, reconociendo que sus principios activos tienen numerosas propiedades terapéuticas”, explicó la legisladora Gutiérrez.

Sin embargo, debido a que en Argentina está prohibido el cultivo de esta planta, la provincia tiene que importar dicha materia prima y cumplir con todos los requisitos impuestos por la nación. Estas cuestiones burocráticas, que traban el proceso de fabricación de los productos medicinales, privan a las personas de la posibilidad de recibir el tratamiento necesario. Sumado a ello, el gobierno nacional ha acotado el empleo de esta sustancia a una sola patología, epilepsia refractaria, lo que vulnera el derecho a la salud de los demás pacientes.

La legisladora consideró que en el país hay una manifiesta contradicción jurídica: “Mientras se avanza en la legalización del cannabis, se penaliza a quien lo cultiva y consume. Esta cuestión se va revirtiendo gracias a diversas interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales que han tenido eco en los últimos tiempos”.

Mientras tanto, la Ley nacional, dictada en 2017, que establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso terapéutico de la planta de cannabis y sus derivados, aún no ha sido reglamentada. “No es el objetivo de este proyecto poner en discusión el tráfico ilícito de estupefacientes, ni la punibilidad de estas acciones, sino que es necesario permitir el cultivo para consumo medicinal con el fin de mejorar la calidad de vida de las y los pacientes. Desde la perspectiva de derechos humanos y protección constitucional respecto a las acciones privadas de las personas, se rescatan varios fallos en este sentido”, sostuvo la diputada Gutiérrez.

En 2018, la justicia falló a favor de un amparo presentado por un grupo de madres, que fue acompañado por la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis (AUPAC), en coordinación con el Laboratorio de Análisis de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la UNR, e indicó “habilitar el cultivo de cannabis en los respectivos domicilios”.

Asimismo, producto de las declaraciones testimoniales de los especialistas médicos, se reconoció que el Estado no está produciendo aceite de cannabis en la actualidad, “incurriendo en una situación de omisión por parte del Estado que legitima la conducta de las amparistas, quienes, ante la urgencia en atender las patologías de sus niños, se han visto forzadas a obtener la medicación por otras vías”.

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