El Consenso fiscal obtuvo dictamen favorable

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados presidida por el diputado oficialista Carlos Heller, obtuvo un dictamen favorable al proyecto de Consenso Fiscal.

La iniciativa que ya cuenta con media sanción en el Senado, quedó lista para ser debatida en el recinto. En tal sentido, el oficialismo buscará convertirlo en ley el 31 de agosto.

El proyecto contó con 24 firmas a favor y 20 en contra. Estos últimos fueron de los bloques Pro (como lo habían anticipado públicamente), Evolución Radical, Coalición Cívica. En este contexto, los diputados de la UCR se dividieron en sus firmas.

El acuerdo entre las provincias y el Gobierno nacional esperaba la rúbrica del Congreso desde el 27 de diciembre del año pasado.

La iniciativa buscar organizar nuevas políticas impositivas a través de la lucha contra la evasión de impuestos y la difusión de datos entre las distintas jurisdicciones luego de que el Gobierno se comprometiera a reducir el déficit fiscal, tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar el pago de la deuda externa. Asimismo, busca incentivar fuentes de financiamiento en pesos argentinos, evitando los créditos en dólares.

En la Cámara alta, los senadores que responden a los Gobiernos de Río Negro, Misiones, Córdoba, Jujuy y Corrientes aceptaron el pacto.

En la cámara baja, el Frente de Todos cuenta con 117 escaños garantizados. Ahora, el oficialismo busca convencer a otros legisladores de diferentes partidos, tal como ocurrió en el Senado. Allí, la iniciativa contó con 45 votos a favor, 17 en contra y una abstención del jefe del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC), Alfredo Cornejo, pese a que la provincia de Mendoza sí se plegó al acuerdo.

Cabe destacar que las jurisdicciones que se mantuvieron fuera del acuerdo tributario fueron La Pampa, San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los lineamientos del acuerdo fueron explicados por el miembro informante por el oficialismo Marcelo Casaretto. El contador entrerriano explicó las seis partes del proyecto:

1-compromisos en materia tributaria.

2- compromisos en materia de endeudamiento responsable

3- compromisos en materia de responsabilidad fiscal

4- compromisos en materia de procesos judiciales

5- compromisos de Gobierno nacional

6- compromisos comunes

Sobre la primera afirmó que “hay un compromiso muy fuerte de intercambio de información entre el Estado nacional y los Estados provinciales, avanzando en la simplificación y la coordinación tributaria federal, y un intercambio de información en cuanto a los titulares de los inmuebles y otros bienes registrables y la valuación”. En tal sentido destacó que «existe la elaboración de un padrón federal de registro único, y la coordinación en materia de Ingreso Bruto en convenio multilateral así como la devolución automática de los saldos a favor por retenciones en materia de Ingresos Brutos. La organización del organismo federal de valuación de inmuebles. El fortalecimiento y la modernización de los organismos de catastro y registro de la propiedad inmueble, rentas, agencia de recaudación en las provincias, tratando de aumentar la cobrabilidad de esos impuestos”.

Respecto al endeudamiento responsable, enfatizó que el proyecto explícita que “durante un año las provincias solo podrán incrementar el stock de deuda en moneda extranjera cuando se trata de financiamiento en materia de organismos bilaterales o desembolsos pendientes de créditos acordadas anteriormente, o canjes de pasivos o reestructuraciones de deudas anteriores. De la misma manera a fondos destinados a ciertas obras de infraestructura disputas con anterioridad al 31 de diciembre. El capítulo 3 es en materia de responsabilidad fiscal, se establece una regla límite de crecimiento del gasto, vinculada con el crecimiento del producto bruto interno de cada provincia. El año 2022 era un proceso de transición en la salida de la pandemia. Y que el producido del endeudamiento de los gobiernos provinciales no pueda destinarse a los gastos corrientes”.

Sobre el capítulo 4 explicó que «trata de compromisos en materia de procesos judiciales: las provincias se comprometen a abstenerse de iniciar procesos judiciales durante un año, y suspender por igual termino los ya iniciados. Mientras que el quinto es respecto a los compromisos del Gobierno nacional que se compromete a cancelar las deudas pendientes, básicamente a caja de jubilaciones no transferidas por las provincias. Y a compensar deudas y créditos recíprocos”.

En cuanto al último que trata sobre los compromisos comunes explicó que «señala que las partes acuerdan dejar sin efecto las obligaciones asumidas en materia tributaria provincial, a través de los consensos 2017, 2018, 2019, 2020. En consecuencia, se deja sin efecto los compromisos de bajar los impuestos provinciales sin financiamiento, a efecto de no endeudar más a las provincias”.

Otras voces

Miguel Bazze, de la Unión Cívica Radical dijo: «Coincido en que este instrumento lo que hace es ratificar la potestad de las provincias para tomar determinadas decisiones, pero hoy tenemos una presión tributaria e impositiva que agobia a gran parte de la sociedad y es un problema muy serio».

Por su parte, el diputado Martín Tetaz de JxC expresó: «El impuesto a los ingresos brutos es el impuesto de los brutos, es un impuesto que promueve el subdesarrollo y si nosotros nos alejamos a la reducción de ese impuesto, vamos a aumentar la brecha de desarrollo».

A su vez, Diego Sartori del Frente de la Concordia por Misiones, planteó: «Espero que cuando debamos discutir la baja de impuestos se dé la mejor discusión en este Congreso, pero en un país con igualdad de oportunidades y crecimiento sostenido vinculados con un federalismo en serio».