El debate sobre las leyes para prohibir despidos – Por José Castillo*
El tema del desempleo se ha instalado nuevamente en la agenda de temas relevantes. Sin embargo, para el Ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay se trataría sólo de una “sensación térmica”. Si bien no tendremos datos oficiales hasta la onda mayo de la Encuesta Permanente de Hogares, las distintas mediciones existentes coinciden en que estamos asistiendo a una verdadera ola de despidos. La consultora Tendencias Económicas hace ya casi dos meses anunció la existencia de 100.000 despidos, mitad en el sector público y mitad en el privado. El Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma habla de 73.073 despidos en el período diciembre 2015-marzo 2016: 51.151 en el sector público, y 21.922 en el sector privado. Otras mediciones llegan incluso a sumar hasta 120.000 cesantías.
La semana pasada se presentaron varios proyectos tanto en Senadores como en Diputados. En la Cámara Alta el proyecto aprobado por el plenario de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda prohíbe los despidos por 180 días a partir de la vigencia de la norma. Está en condiciones de ser tratado este miércoles en el Senado. En la Cámara de Diputados se aprobó en la Comisión de Legislación del Trabajo un proyecto presentado por los diputados de extracción sindical del Frente Renovador (con Facundo Moyano a la cabeza) apoyado por el Frente Para la Victoria que establece una prohibición de despidos retroactivo al 1ro de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2017. En este caso, el proyecto todavía debe pasar por la Comisión de Presupuesto, presidida por el PRO, que se jugaría a tratar de retrasar lo más posible su tratamiento.
¿Es realmente un proyecto para “prohibir” los despidos?
En realidad, se trata sólo de proyectos que plantean la “doble indemnización” en caso que las empresas insistan en despidos que sean considerados “injustificados”. Como bien lo explicó el jefe del bloque de Diputados del Frente Para la Victoria Héctor Recalde: “lo que prohíbe es el despido sin causa justificada y cuando un empresario tiene problemas económicos dispone el procedimiento preventivo de crisis” (Página 12, lunes 25 de Abril). Blanco sobre negro: las empresas se presentan en el Ministerio de Trabajo, “explican” que están ante una situación de crisis, y buscan que sus despidos pasen a estar “justificados”.
Recalde acordó incluso con parte del planteo del diputado del Frente Renovador José de Mendiguren, que exigió “un tratamiento diferenciado” para las pequeñas y medianas empresas. Pero sucede que muchas grandes firmas “tercerizan” parte de su actividad, para así crear supuestas pymes con la que aprovecharse de estos beneficios. Y en este caso, quedarían habilitadas a despedir “justificadamente”.
En síntesis, cuando quitamos toda la retórica del debate, lo que efectivamente estaría quedando es un proyecto de declaración de emergencia ocupacional y doble indemnización.
¿Quiénes están en contra?
Pero aún estos proyectos acotados, tienen la oposición del presidente Macri, las cámaras empresarias e incluso varios economistas y legisladores del Frente Renovador. Desde el PRO llegaron a aducir que eso “ya se probó en 2002” y fue el culpable de la pérdida de puestos de trabajo. En la misma dirección se pronunció Roberto Lavagna y el propio Sergio Massa. Los economistas del oficialismo saben que esta afirmación no es sostenible, ya que el desempleo en la Argentina venía creciendo desde toda la década del 90 y se terminó de desbarrancar con la crisis de 2001. Justamente a mediados de 2002 la economía, que había tocado fondo, comenzó a repuntar y se empezó a dar el descenso del desempleo. Siendo claros: la “doble indemnización” que existió entre 2002 y 2004 no evitó que hubiera despidos, pero tampoco impidió que, cuando a las patronales les convino, se tomaran nuevos trabajadores.
Desde el macrismo se insiste que esos proyectos terminarían ahuyentando las nuevas inversiones. Ahí podemos ver el verdadero plan del oficialismo: que crezca el desempleo para así “disciplinar” a los trabajadores a aceptar salarios a la baja, que redundarían en un menor “costo laboral” para las eventuales empresas que supuestamente invertirían en nuestro país.
¿Cómo frenar el ascenso del desempleo?
Efectivamente es necesario decretar la emergencia laboral. Pero no se evita la ola de despidos con la “doble indemnización” que termina en juicios interminables donde la patronal se juega a que la inflación se termine comiendo lo que hay que pagarle al trabajador. O, jugando con la necesidad inmediata, se promueven “arreglos para cobrar ya” muy por debajo de lo que le corresponde por ley al despedido. La prohibición de los despidos debe ser efectiva, con exigencia real de cumplimiento. Y que toda empresa que la viole sea sancionada con todo el peso de la ley, que, a nuestro juicio, debe llegar a la expropiación de la compañía y que pase a ser gestionada por sus propios trabajadores.
*(Economista. Profesor e Investigador de la Universidad de Buenos Aires. Miembro del EDI –Economistas de Izquierda-.)