En este proyecto, Ramos toma como eje la grave caída económica e industrial, que ha acentuado notoriamente los aumentos de desempleo, pobreza e indigencia, caída del consumo y cierre masivo de Pymes. Por eso:

«La crisis económica iniciada a fines de abril de 2018 está generado una fuerte caída no solo en los indicadores productivos sino también en los indicadores sociales, como son el aumento de la pobreza, indigencia y desempleo.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Producto Bruto Interno (PBI) se contrajo un 5,8% en el primer trimestre del año, golpeado por la merma en los principales sectores de consumo y productivos dada una alta inflación y la recesión.
El Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero del INDEC registró en el cuarto mes del año una contracción de 8,8%, y acumuló 12 meses consecutivos con declive respecto de los valores de igual tramo de 2018. Por su parte el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción anotó en abril una baja de 7,5% (la octava caída interanual consecutiva).
Además, los desafíos que enfrentamos no son sólo coyunturales. A pesar de la acuciante situación económica y social, nuestro país no debe perder la visión a largo plazo. Hay que tener en cuenta que el mundo se está preparando para afrontar la cuarta revolución industrial, donde el conocimiento y el avance tecnológico será el puntal de progreso, factor de competitividad y de desarrollo de cualquier país.»
Bajo este preámbulo, esta ley destaca indispensable volver a la senda del crecimiento industrial, y para ello hace énfasis en el rol del Estado como ente protector de estas actividades, del consumo, y del empleo:
«Ante este escenario adverso, resulta necesaria una activa gestión estatal para la defensa, creación de los puestos de trabajo y el incremento de la inversión nacional, para constituirse en un puntal y sostén de la actividad que permita al país volver a tomar la senda del crecimiento, evitando que la caída de la economía se vuelva penuria para nuestro pueblo.
Por eso es vital estimular la inversión en infraestructura e innovaciones productivas que puedan mejorar sus procesos, dándole mayor industrialización a nuestras abundantes materias primas para permitir aumentar el valor de los productos nacionales con una mirada puesta en el desarrollo local -contrario a una mirada exportadora-. Creemos que motorizar nuestra industria para abastecer en calidad y tiempo nuestro mercado interno de manera sostenida mejorará el sistema productivo, y luego potenciará nuestras exportaciones.»
En sus fundamentos, el proyecto explica que son inevitables los impuestos a las exportaciones, los derechos a las mismas, como fuentes de financiamiento fiscal. Asimismo, el proyecto aboga por descentralizar recursos federales, con una participación activa de las provincias y el interior, buscando crear un crecimiento sostenido que abarce todas las regiones del país. El diputado, a través del proyecto que encabeza, explica estos mecanismos de distribución:
«Sin embargo, no existe obstáculo para que, en orden a lo excepcional de las circunstancias que enfrentamos, se tomen remedios también excepcionales para impactar positiva y genuinamente en la actividad económica de todo el país, en una descentralización federal de recursos que al tiempo de reforzar los presupuestos gubernamentales de provincias y municipios, implicará un importante incremento de la inversión en infraestructura, con aumento de la ocupación y mejora de la calidad de vida urbana y rural.
En ese orden, adoptamos esta medida para crear un FONDO FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN E INNOVACIÓN DE LA INDUSTRIA NACIONAL que tenga por destino financiar acciones que contribuyan a la mejora de la infraestructura productiva, así como las actividades de investigación e innovación aplicadas a la producción, transferencia de tecnologías ya existentes, capacitación de profesionales y el financiamiento a emprendedores, bienes de capital e insumos y capital de trabajo que permitan potenciar las capacidades productivas en las regiones de nuestro país con una mirada local.
El fondo, estará compuesto por el TREINTA POR CIENTO (30%) de los montos efectivamente recaudados en concepto de derecho de exportación de soja y el DIEZ POR CIENTO (10%) de derecho de exportación del sector minero. Ambas partidas tienen una clara finalidad solidaria de reparto de recursos de origen federal para refuerzo de los presupuestos destinados a infraestructura en las provincias y cada uno de los municipios de aquéllas que adhieran. Resulta por demás claro que el establecimiento de un fondo de esta naturaleza, que directamente deriva del Tesoro Nacional a las provincias y municipios en forma automática, fortalecerá los presupuestos de esos niveles de gobierno a la vez que aportará a una rápida aplicación directa en mejora de la infraestructura, con una fuerte incidencia en la calidad de vida de quienes viven en los ámbitos urbanos o rurales de su incumbencia.
Según estimaciones del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) el Gobierno Nacional podrá recaudar en concepto de retenciones a la soja para 2019 unos 5.654 millones de dólares, unos 260.084 millones de pesos. A esto hay que sumarle aproximadamente unos 250 millones de dólares, casi 11.000 millones de pesos por año.
Lo recaudado por los derechos de exportación, podrá reforzar un carácter productivo al volcarse en forma directa a financiar las actividades que permitan mejorar y desarrollar la infraestructura productiva de las económicas regionales, así como la capacitación de los ciudadanos que habitan esas regiones.»
Finalmente, los firmantes concluyen que este proyecto es inevitable para salvaguardar la actividad económica y el bienestar ciudadano:
El Fondo busca potenciar las capacidades productivas de cada región de nuestro país, apostando a la producción local, incentivándola, protegiéndola y acompañándola. Porque es el camino que se ha mostrado que funciona en la historia moderna para el desarrollo de los países. Ningún país de los denominados desarrollados logró ese estadio sin una férrea protección a su producción industrial, facilitando el acceso al financiamiento y apostando a la innovación y desarrollo.
El Fondo busca romper la historia de como nos relacionamos con el mundo, donde Argentina en el esquema de distribución internacional del trabajo, no permite generar la suficiente riqueza para asegurar una calidad de vida digna a 45 millones de argentinos.»
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