El Estado se presentará como querellante en la causa contra Macri por el préstamo del FMI

El Gobierno instruyó al Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, para que se constituya como querellante en representación del Estado en la causa que investiga si existió «administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública» por parte del expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios en el endeudamiento del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La decisión fue tomadas a través del Decreto 239/2021 publicado en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro de Justicia, Martín Soria y de su par de Economía, Martín Guzmán.

En el artículo 1° del decreto se «instruye al Procurador del Tesoro para que se constituya en parte querellante, en representación del Estado, en la causa N° 3561/2019 ‘Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública'».

La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal.

La norma sostiene la necesidad de que el Procurador «coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado».

La decisión presidencial

El endeudamiento asumido durante el gobierno de Cambiemos con el FMI, fue definido por el presidente Alberto Fernández en marzo pasado -al abrir las sesiones ordinarias en el Congreso- como «la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra».

En ese marco, el Presidente anunció que impulsará una querella criminal para abrir la investigación que busca determinar la existencia de esos delitos.

En tanto, en el artículo 2° del decreto también se instruye al Procurador «a iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal».

El 1 de marzo pasado, en el marco de la Asamblea Legislativa, el Presidente anunció el inicio de la investigación y adelantó que constaría de tres etapas: la auditoría de la Sigen, la confección y presentación de la denuncia por la OA y, finalmente, la constitución como querellante de la Procuración del Tesoro Nacional que encabeza Zannini.

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, el Presidente anunció que había «instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra».