El Frente de Todos oficializó el pedido de juicio político a Julio Conte Grand
El Frente de Todos decidió impulsar el juicio político contra Julio Conte Grand, Procurador General de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, a quien acusan por «mal desempeño en ejercicio de sus funciones».
Así lo anunciaron oficialmente en una conferencia de prensa los legisladores bonaerenses César Valicenti, Susana González y Rubén Eslaiman, en la que vincularon al Jefe de los Fiscales de la provincia de Buenos Aires a «una dinámica política, mediática y judicial de las que fuimos víctima todos» y que tradujeron como «un método de persecución» y «espionaje» sin el cual, aseguraron, «no se podría haber avanzado en un proyecto económico y político», en referencia al de Cambiemos.
El mecanismo activado se enmarca en lo que indica el inciso 2 del artículo 73 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires: la Cámara de Diputados se conforma como acusador (asumiendo un rol de fiscal) para que el Senado dictamine (asumiendo un rol de juez).
La acusación se funda en tres elementos:
- La pertenencia partidaria del Procurador General a la fuerza opositora Juntos y su subordinación funcional a los líderes de ese espacio político, expresadas en la foto tomada a Julio Conte Grand almorzando junto al ex Presidente Mauricio Macri el pasado 9 de diciembre;
- la manifiesta persecución judicial montada desde estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, sostenida e impulsada desde el orden nacional con instalaciones en territorio bonaerense y producción de inteligencia ilegal;
- la efectiva instrumentalización del Ministerio Público bonaerense para llevar adelante un plan de persecución judicial a gremialistas, que dejó en evidencia el video que tomó estado público el pasado 27 de diciembre.
«Como argentinos fuimos testigos de una mesa judicial en la Nación, que está en investigación, que está imputado el propio ex presidente de la Nación. Está comprobado y hay evidencia muy clara que había relación entre operadores políticos, judiciales, mediáticos y agentes de la AFI. Hay cada vez más evidencias del caso. La provincia de Buenos Aires no estaba exenta de ese mecanismo», denunció el jefe del bloque oficialista, César Valicenti.
También señaló que no se trata de una medida corporativa y aseguró que la situación «no afecta a este bloque político o a un espacio, termina afectando a la sociedad toda».
«Cuando se intentan implementar modelos políticos para perjudicar al 80% de la sociedad sólo se pueden llevar adelante si existen mecanismos de amedrentamiento social», agregó.
Para Valicenti, Buenos Aires «no fue exenta de esto» y por ello responsabilizó a Conte Grand. En ese sentido, destacó la «responsabilidad de avanzar con este mecanismo que nos confiere la constitución personal y la ley» en referencia al juicio político.
A su turno, la diputada provincial Susana González se refirió a la filmación que se conoció una semana atrás, en la que el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, daba pistas del funcionamiento de una mesa judicial destinada a perseguir políticamente y mencionaba a Conte Grand.
«Esta filmación no es más que una pequeña parte de todo lo que esa mesa judicial desplegaba, lo que el gobierno de Macri, de Vidal realizaba en la provincia», reflexionó, y recordó que Conte Grand «tuvo a su cargo la mayor cantidad de denuncias contra fiscales y fiscales, jueces y juezas en intento de amedrentamiento».
También lo acusó de haber emitido en 2020 «una resolución en pleno pico de pandemia pidiendo a los fiscales que pidieran morigeraciones de penas que estaban en situación sanitaria complicada y luego en un hábeas corpus terminan denunciando con la cabeza de María Eugenia Vidal, al gobierno de Axel Kicillof, diciendo que liberaba presos».
También enumeró el espionaje ilegal que se llevó a cabo desde Asuntos Internos, por el cual se imputó a Guillermo Berra y a su entorno, a las bases de la AFI en el Conurbano, el espionaje a familiares del ARA San Juan, entre otras maniobras.
Luego tomó la palabra el diputado massista Rubén Eslaiman, quien dijo que es «unánime» dentro del espacio el planteo. «Estamos aquí para decir basta de atropellos, espionaje y Gestapo», resumió, tras lo cual enumeró «similares acaecidos durante le gobierno de Mauricio Macri, vinculados a la persecución ilegal, política, mediática y judicial».
Eslaiman anticipó que buscará «consensos» con otros bloques políticos, teniendo en cuenta que, dijo, «el bloque opositor mayoritario también fueron espiados durante el gobierno de Mauricio Macri y tenemos que seriamente pensar que siguen siendo espiados por esos mismos actores que aún perduran».