Este jueves por la tarde ingresó al Congreso el proyecto de ley que establece una extensión de los plazos de pago de los bonos de mediano y largo plazo que están regidos bajo la legislación local. Forma parte del llamado  «reperfilamiento de deuda» anunciado por el ministro de Hacienda Hernán Lacunza apenas asumió el cargo.

La iniciativa ingresó a través de la Cámara de Diputados para su tratamiento en comisiones. A principios de septiembre, el oficialismo había anunciado el inicio de negociaciones con los bloques opositores para intentar consensuar el contenido del proyecto.

«Este proyecto habilita al Ejecutivo a entablar una negociación. Da una señal de que la eventual discusión de la deuda se hará en un marco voluntario y de racionalidad», explicó el Gobierno en un comunicado.

el Gobierno tiene la intención de llevar a la oposición a la incómoda posición de acompañar una polémica medida de gobierno o aparecer obstaculizando una solución con el peso de que sean acusados de desestabilizar a Macri.

Algo de eso traslucieron las palabras de Lacunza en conferencia de prensa cuando dijo que se ofrece «un marco institucional al consenso que necesita la Argentina en el Congreso Nacional, donde concurren todas las fuerzas políticas, para que definan el horizonte financiero argentino del período electoral y del próximo lustro».

Y agregó: «Por supuesto, los funcionarios del Ministerio de Hacienda estaremos a disposición de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda del Congreso para explicar la naturaleza y los detalles del proyecto y consensuar los horizontes y las condiciones que decida la mayoría parlamentaria, así como de la bicameral permanente de seguimiento y control de deuda exterior».

La iniciativa prevé la inclusión de cláusulas de acción colectiva (CAC) en los prospectos de los bonos bajo ley argentina que servirán para evitar que existan holdouts -como los fondos buitre-, una vez que el Gobierno llegue a un acuerdo con una cantidad mayoritaria de tenedores de esos títulos públicos. La CAC «establece que si el 66% de los bonistas acepta la propuesta de reperfilamiento, el resto debe acatar, con un mínimo de 50% por especie (tipo de bono», explicó el ministro en la presentación de la medida.

El gobierno postergó la llegada del proyecto al Congreso por varias semanas y cambió su idea original de enviar el texto por el Senado como Cámara de inicio.

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