El anteproyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil ingresó el pasado viernes a la mesa de entradas de la Cámara de Diputados de la Nación y busca establecer la edad de 15 años para la imputabilidad en los casos de delitos con penas superiores a 15 años de prisión.

La iniciativa fue remitida por el Poder Ejecutivo. Propone una modificación del denominado “Régimen Penal de la Minoridad” establecido en la Ley N° 22.278 y sus modificatorias y, según sus fundamentos, busca crear un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil acorde a los estándares internacionales en la materia. Asimismo, apunta a actualizar el sistema penal que todavía se rige por un decreto de la última dictadura militar.

El anteproyecto se estructura sobre cuatro ejes: una justicia especializada en los jóvenes, un abordaje multidisciplinario con miras de reinserción social, una responsabilidad efectiva por parte de quienes cometen delitos, y finalmente la inclusión de las víctimas.

Además, propone un sistema de escala de responsabilidad penal: Se prohíbe expresa y absolutamente la privación de la libertad para los menores de 15 años; resulta penalmente responsable desde los 15 años de edad, quien cometiera un delito grave, penado con 15 años de prisión o más; entre los 16 y los 18 años resulta penalmente responsable aquel que cometiera un delito penado con 2 años de prisión o más.

El pasado 19 de febrero, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, realizaron la presentación del anteproyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil.

La iniciativa es producto de más de tres años de trabajo gestionados por el subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benítez, supervisado por el ministro Garavano, e impulsado desde la plataforma de participación ciudadana “Justicia 2020”, un programa de reforma del Poder Judicial de Argentina impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, y coordinado por el jurista Ricardo Gil Lavedra.

Argentina no cuenta actualmente con un régimen penal orientado a los jóvenes, pese a las exigencias en tal sentido en términos de derechos humanos. La redacción contempla estándares internacionales como la Convención sobre Derechos del Niño, brindando la respuesta estatal necesaria, logrando un tratamiento tendiente a la recuperación y a la reinserción social.

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