El Senado analizó proyectos sobre biocombustibles
La comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado comenzó a debatir tres proyectos que proponen la prórroga del régimen de promoción de los biocombustibles, ante lo cual las petroleras pidieron a los legisladores ser parte del debate antes de la emisión de un dictamen.
La comisión dio tratamiento a los proyectos de Ley de Biocombustibles presentados por los senadores de Tucumán Silvia Elías de Pérez, de Santa Fe María de los Ángeles Sacnun, y de Salta Sergio Leavy, para prorrogar el régimen que vence en mayo de 2021.
El sector de biocombustibles viene reclamando al Gobierno nacional la prórroga de la norma que durante 15 años permitió el desarrollo de esa industria a partir de un conjunto de beneficios impositivos, la regulación de precios del Estado y el corte obligatorio de naftas y gasoil.
Uno de los oradores fue el Senador Nacional por San Juan, Ruben Uñac, quien planteó «Después de 14 años de vigencia de una ley de promoción y fomento, de un día para el otro no podemos dejar de tratar esto y dejar a ese sector sin esta promoción. Eso no quita que desde la Secretaría de Energía se esté trabajando en una reforma a la ley».
Sostuvo también que “Lo que estamos haciendo con esta ley es prorrogar el régimen de promoción que está vigente y lo hacemos porque el régimen vence el próximo 21 de mayo. Ha tenido un impacto muy positivo y lo que estamos otorgando es previsibilidad”.
Por su parte, María de los Angeles Sacnun, Senadora Nacional por la Provincia de Santa Fe, manifestó que “Lo que estamos haciendo con esta ley es prorrogar el régimen de promoción que está vigente y lo hacemos porque el régimen vence el próximo 21 de mayo. Ha tenido un impacto muy positivo y lo que estamos otorgando es previsibilidad”.
A su turno, el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, el peronista formoseño José Mayans, dijo que «Esta prórroga a la ley de biocombustibles da certezas y esta es la primera etapa. Luego va a Diputados, como cámara revisora, y eso abre la discusión y verán como compatibilizar los intereses de las distintas economías regionales».
Sobre el cierre de expositores, el senador rionegrino, Alberto Weretilneck, destacó que «Esta ley trae grandes beneficios para el empleo y la actividad del norte argentino. Yo no lo veo como una competencia al gas y al petróleo porque quienes somos de provincias productoras soñamos con que la gran parte de nuestro gas y petróleo se exporte».
El planteo de las empresas productoras de combustibles
El mismo se concretó a través de dos cartas enviadas este jueves por la Cámara de Industrias del Petróleo (CIP) y la Cámara Argentina de la Energía (Cade) al presidente de la Comisión de energía del Senado, José Rubén Uñac.
En ambos escritos, las cámaras solicitaron de manera coincidente «se convoque a exponer los puntos de vista en la comisión antes del dictamen de dichos proyectos, dado los mismos tienen suma importancia para el usuario de combustibles y para el sector».
«La existencia de diversos proyectos en análisis, hacen imperativa la necesidad de que se tomen en cuenta las consideraciones de la totalidad de las sectores, que por la magnitud de sus inversiones y actividad en todas las regiones del país, tienen un papel fundamental», expresó una de las notas firmadas por el presidente de la Cade, Adrián Péres.
Asimismo, se destacan que «las consecuencias de la regulación en materia de biocombustibles impactarán indudablemente en otros segmentos de la industria entre los cuales se cuenta el desarrollo de la producción de petróleo en proyectos clave para el país, como lo es Vaca Muerta».
También advierten el impacto que podría generar una prórroga sin cambios del régimen en «otras cuencas productoras y en las regalías percibidas por las provincias productoras y las arcas fiscales, por las desgravaciones incluidas en la ley actual».
Las compañías petroleras también hicieron llegar hace pocas semanas al ministro de Economía, Martín Guzmán, su consideración respecto de que el régimen «genera una oferta cartelizada, con un mercado cautivo y precio garantizado», lo que entiende «el precio al consumidor termina siendo mayor, ya que el costo en puerta de refinería del combustible fósil es menor al del biocombustible».
En ese trabajo, indicaron que en 15 años el esquema de promoción impositiva actual tuvo un débito fiscal de 6.000 MUSD (por menor recaudación de impuestos), y una pérdida de divisas de 1.400 MUSD por aceite de soja y maíz que podría haberse exportado y terminó volcándose al mercado interno.