El Senado debate, entre otros temas, el DNU de telecomunicaciones que rechazan los empresarios del sector

Tras una jornada tensa en la cámara de Diputados, el Senado de la nación retomará la actividad en el Congreso de la nación y debatirá algunos decretos presidenciales entre el que se destaca el de telecomunicaciones anunciado hace pocos días por el Ejecutivo. Esta noticia no cayó bien en el sector empresario, que advierten que de aprobarse el servicio desmejorará considerablemente y además, ahuyentará las inversiones. Sin embargo, se espera que la sesión, convocada para las 15 horas, se realice sin sobresaltos.

Ya lo dijo el presidente Alberto Fernández que «hoy no hay servicio público más importantes que el acceso a Internet», y por ello, hace pocos días anunció que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690 como «servicios públicos» a los servicios de telefonía móvil, Internet y TV paga. Por supuesto, esa decisión generó muchas opiniones por parte de la dirigencia política. Desde el Frente de Todos apoyaron la medida, y desde Juntos por el Cambio temen por las inversiones en el sector. Sin embargo, en donde la noticia no cayó nada bien fue en los empresarios de ese rubro, que admitieron estar enojados con el mandatario nacional porque no se les avisó ni se les pidió opinión al respecto.

  • Por supuesto a Cristina Fernández no le importa mucho llevarse bien con algunos empresarios y mucho menos si tienen que ver con el Grupo Clarín (que tienen Cablevisión y ofrece TV e Internet), así que probablemente hizo oídos sordos a las quejas y críticas por parte del sector y este jueves 03/09 debatirán y aprobarán, entre otros DNU, el de telecomunicaciones como «servicio público».

En ese contexto, se conoció que la Cámara de Senadores de la Nación debatirá, en una sesión especial convocada por el oficialismo, la validez de este y otros Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos por el Poder Ejecutivo.

Sobre el de Telecomunicaciones, el decreto fue dictaminado la semana pasada en la Bicameral de Trámite Legislativo, sin la presencia de la oposición porque que se negó a asistir, argumentando que la reunión de comisión había sido convocada sin la debida antelación reglamentaria.

  • El DNU declara servicio esencial a las denominadas «tecnologías de la información y la comunicación» (TIC) y congela las tarifas de la telefonía fija, celular, internet y televisión paga. Decisión que los expertos alertan que no llevará a buen puerto.

Además, establece que cualquier aumento tarifario «deberá ser autorizado por el Gobierno nacional».

Los senadores también debatirán, en la sesión que se llevará a cabo desde las 15 horas, el DNU 636/20 que dejó sin efecto su similar 522/20 que había dispuesto, el 9 de junio pasado, la intervención transitoria de la empresa Vicentin.

La medida original había generado una disputa entre el oficialismo y la oposición, pero el decreto que marcó su derogación fue respaldado por todas las fuerzas políticas.

Por otro lado, los senadores también le darán ingreso, al comienzo de la sesión, a 29 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para designar a nuevos jueces y defensores oficiales en diferentes juzgados de todo el país.

Asimismo, los senadores debatirán sobre un proyecto de Ley por el que se crea el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes y otro que modifica la Ley de Educación Nacional incorporando en los contenidos curriculares los conceptos de ciberdelito, acoso virtual y la necesidad de protección de los datos personales en redes sociales y canales informáticos de los menores.

También fue incluido en el listado de temas un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que crea las Capitales Alternas de la República Argentina; y una declaración adhiriendo a la iniciativa de sostener el consenso para que la Presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sea ocupada -como lo ha sido durante toda su historia- por un representante latinoamericano.

Advierten que el DNU sobre Internet y TV empeorará el servicio:

Desde que el Presidente de la nación anunció a través del DNU 690, por el cual el gobierno declaró «servicios públicos» a los servicios de telefonía móvil, Internet y TV paga, hay muchas opiniones respecto a qué pasará con el servicio y las inversiones en telecomunicaciones.

  • Uno de los últimos en publicar un informe sobre el tema fue el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), quienes aseguran que de aplicarse, la calidad del servicio se deteriorará considerablemente.

«Dada la importancia cada vez más estratégica de la conectividad digital es pertinente categorizarla como un servicio esencial para aumentar la calidad y la accesibilidad», dice el informe, pero añadieron que para lograr este objetivo «es fundamental tener mucho cuidado en el diseño de las regulaciones y el profesionalismo y transparencia en su aplicación».

«Distinto es el caso cuando las intervenciones buscan usar las tarifas con fines antiinflacionarios. Un caso paradigmático es la manipulación de las tarifas eléctricas para contener la inflación y aparentar benevolencia con los presupuestos familiares», explicaron.

Y en ese contexto, IDESA tomó como ejemplo las intervenciones del Estado nacional sobre el servicio de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el período 2003 – 2015, a las catalogaron como «muy aleccionadoras».

En el informe de Idesa se detalla que según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se observa:

  • Las tarifas residenciales se ajustaron, en este período, en un 36% lo que implicó una licuación del 86% en términos reales por efecto de la inflación.
  • Los subsidios del Estado nacional a las empresas eléctricas para compensar por este atraso tarifario pasaron de cero a $511 mil millones por año a precios actuales.
  • Los reclamos de los usuarios pasaron de 56 a 1.889 por día.

«Estos datos muestran que el atraso tarifario conlleva al deterioro en la calidad de los servicios y a la utilización de fondos públicos para subsidiarlos. La razón es que cuando el Estado impone una tarifa artificialmente baja, las empresas naturalmente tienden a compensar recortando el plan de inversiones lo que deteriora la calidad del servicio aumentando los reclamos y las presiones por subsidios», dijeron los expertos.

Y añadieron: «Los subsidios no resuelven el problema porque las empresas prestatarias pasan a poner más energía en congraciarse con el burócrata que los reparte que en darle buenos servicios a sus clientes».

Quienes también se quejaron en los últimos días sobre este DNU fue el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, IDEA, que se mostró en contra del decreto y dispararon contra la decisión presidencial: «Argentina necesita de reglas claras y previsibilidad para crecer».

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