29 de marzo de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

En el radicalismo, piden que el Estado garantice el acceso al agua potable

La diputada nacional Patricia Giménez (UCR – Mendoza)  elevó un proyecto de ley para modificar el Código Civil y Comercial para que el Estado garantice “derecho fundamental de acceso al agua potable para fines vitales, considerándolo un derecho humano, de incidencia individual y colectiva”.

Se trata de una modificación del artículo 240 del Código Civil y  tiene el propósito de recuperar el texto original de la comisión reformadora del año 2012 que trabajó en la unificación de los códigos y que «el Poder Ejecutivo cambió o eliminó, como el artículo  241, que responsabilizaba el Estado para garantizar el agua potable”.

“El texto modificado por el Gobierno y luego aprobado, si bien  dice que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales sobre los bienes, muebles e inmuebles, cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general, tiene limitaciones que dan lugar a interpretaciones que pueden resultar engorrosas”, explicó Giménez.

“Por eso hay que volver a la redacción original, que establece claramente que el ejercicio de los derechos individuales “no debe afectar gravemente el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales y el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial”; agregó.

“Además –continuó la legisladora-, los sujetos mencionados en al artículo 14 (en el que se reconocen los derechos individuales y de incidencia colectiva), tienen derecho a que se les suministre información necesaria y a participar en la discusión sobre decisiones relevantes conforme con lo dispuesto en la legislación especial”.

Finalmente la diputada Giménez, vicepresidenta de la Cámara baja, recordó que “la Constitución Nacional, al incorporar los tratados internacionales de derechos humanos, de los que nuestro país es parte, les otorgó plena operatividad, lo que significa que cualquier texto legal  queda obligado a respetar esos derechos”.

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