Entrevista| El diputado Julio Cobos adelanta que se retomará el Proyecto sobre «Deudores Alimentarios Morosos» (audio)

El 17 de Julio de 2019 en Senado aprobaba por unanimidad el proyecto del, por entonces, senador Julio Cobos respecto  a los «Deudores Alimentarios Morosos» que tenía como objetivo brindar una solución definitiva al problema social generado por los padres que, por alguna razón y luego de una separación, no cumplen con su obligación de proveer los recursos necesarios a sus hijos.

Pero, pese a tener media sanción, el mismo nunca fue tratado por Diputados y perdió entonces labor parlamentaria. No obstante este contrapunto, y como adelanto exclusivo a NCN (Noticias Congreso Nacional), el Diputado autor de la iniciativa, comunicó que en pocas semanas se retomará el debate para poder darle sanción definitiva a una problemática de trascendental importancia en las familias argentinas.

En diálogo con este portal, Cobos, explicó que el proyecto apunta a “dar una solución definitiva al problema social generado por aquellos padres que por alguna razón y luego de una separación, no cumplen con su obligación de proveer los recursos necesarios -nada más y nada menos- que a sus hijos”.

“Buscamos hacer efectivas las disposiciones judiciales respecto de los deudores alimentarios morosos, porque es fundamental que cumplan y no recurran a artilugios o vacíos legales para eludir sus responsabilidades”.

En este sentido explicó que lo que se propone es “crear el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM) dónde quedarán inscriptos los deudores alimentarios morosos; es decir aquellas personas que incumplieron una resolución judicial o un convenio homologado judicialmente, de prestar alimentos a hijos o familiares. Esto permitirá llevar adelante acciones positivas y poner en marcha mecanismos para obligarlos a dar prioridad y cumplir con la cuota alimentaria”.

“El objetivo fundamental es la protección de la parte más débil de la relación desigual que se da entre esos padres y sus hijos y lograr eficacia y efectividad en el cumplimiento de las sentencias. Con estas acciones concretas de presión sobre los deudores, atacamos el flagelo que el incumplimiento de la obligación alimentaria constituye y cuya repercusión involucra a muchas personas y familias. Queremos soluciones efectivas y ejemplificadoras, para evitar más sufrimiento de los hijos, únicas víctimas en este proceso” agregó Cobos.

A su vez, describió que “Los tribunales de todo el país se encuentran atiborrados de reclamos judiciales por incumplimiento de la obligación alimentaria. Entendemos que la creación del ReNDAM es una medida positiva para ejercer presión sobre los deudores alimentarios. El registro en esa base de datos unificada en todo el territorio nacional, servirá para obstaculizar o frenar el curso de ciertos trámites o solicitudes que realicen. Por ejemplo, será necesario no estar en Este registro para poder, entre otras acciones: abrir cuentas bancarias, solicitar o renovar tarjetas de crédito o débito, o cualquier otro tipo de operaciones bancarias; realizar transferencias de inmuebles, trámites en los registros del automotor y créditos prendarios; sacar o renovarse el pasaporte, licencias para conducir, solicitud de la matrícula profesional y el desempeño en cargos públicos, en cualquiera de los poderes del Estado”.

“Es un tema muy importante, está en la agenda de la gente, dado que hay muchas problemáticas en ese sentido y esperemos que pueda ser tratado en Diputados, ya que cuenta con el aval del Senado que ya le había dado medía Sanción” sentenció el Diputado.

La Problemática

Los deudores alimentarios son todas aquellas personas que, luego de un acuerdo homologado ante el juez o sentencia judicial que establece una cuota alimentaria, no cumplen con ella (total o parcialmente) durante tres períodos seguidos o cinco alternados.

En principio es interesante subrayar que el tema no se trata simplemente de números – es importante entender que detrás de cada uno de estos deudores se encuentra un niño.

En la Ciudad de Buenos Aires (como en otras provincias como Mendoza) ya existe un Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y funciona como herramienta importante en la lucha contra el incumplimiento del pago de alimentos Ante la imposibilidad de obtener resultados positivos por la vía ejecutiva, se intentan las sanciones conminatorias, para torcer la voluntad del padre/madre obligado y lograr que éste cumpla con el pago de la cuota. Las sanciones son motivo para que el individuo regule su conducta conforme al uso (coacción individual), y se afirma que más importante que los efectos de la sanción sobre la persona a la que se aplican, son las que se producen sobre otras personas que integran la comunidad o sobre toda la sociedad (coacción social).

Y según la Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda y Finanzas, GCBA), desde su creación en 1999 hasta 2020 habían sido imputada por infracción a la normativa de cumplimiento unas 10.437 personas.

En ese sentido Victoria Famá, abogada de la UBA, Especialista en Derecho de Familia y Jueza del Juzgado Nacional en lo Civil N° 92 con competencia exclusiva en cuestiones de familia, sostiene que las estadísticas “de las vastas modalidades de violencias económicas contra las mujeres en las relaciones familiares, la que mayor impacto negativo produce sobre este colectivo y atraviesa todas las clases sociales” es justamente “el incumplimiento de la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental”.

“El incumplimiento del pago de los alimentos del progenitor con relación a sus hijas e hijos configura un supuesto de violencia económica contra las madres, quienes no sólo deben asumir el cuidado personal de las niñas, niños y adolescentes, sino también soportar en forma exclusiva el costo económico de su crianza. Este “sacrificio” es lo que se espera de una “buena madre”, quien debe mostrarse desinteresada, abnegada y entregada incondicionalmente a su descendencia, exhibiendo cualidades propias de la feminidad”.

En esta línea sostiene que si en función de datos estadísticos, que “muestran que en comparación con los varones, las mujeres tienen más probabilidades de encontrarse y permanecer en situaciones de desempleo” hay que sumarle “el incumplimiento de la cuota alimentaria, se acentúa el deterioro en la calidad de vida de todos los miembros de las familias, con la consiguiente caída en el nivel de estratificación económica”.

Por tanto, la profesional, resalta como vital  “la necesidad de juzgar con perspectivas de géneros en los procesos de alimentos, lo que significa algo más que considerar que las tareas cotidianas que realiza el progenitor que tiene a su cargo el cuidado del hijo o hija tienen un valor económico”.

“Juzgar bajo esta mirada implica la adopción de medidas positivas para garantizar la efectividad de las sentencias de alimentos, en especial cuando el alimentante carece de ingresos en blanco y bienes a su nombre” afirma.

La Pandemia incrementó el Problema

Si bien el incumpliendo es un “mal” que viene de años, durante el 2020 las estadísticas se elevaron. Un reciente informe del Ministerio de Economía y Unicef muestra que seis de cada diez familias monoparentales son pobres, el doble del promedio general. Otras cifras: en abril de 2021, los nombres incorporados al Registro de Deudores Alimentarios porteño aumentó un 85 por ciento respecto al promedio de la última década.

Por su parte, los números muestran que el 11 por ciento de los hogares de nuestro país hay un adulto con hijos, y 8 de cada 10 de esos hogares está a cargo de mujeres, según la Encuesta sobre la Estructura Social publicada en La Argentina en el siglo XXI. Más datos: una investigación de CIPPEC de 2015 reveló que la mitad de los padres de los quintiles de mayores ingresos y uno de cada cinco en los quintiles de menores ingresos cumplían la cuota.

¿Qué pasa en el Mundo?

Claudia Hasanbegovic es abogada, docente y consultora internacional, describe que en Brasil, por ejemplo, “la policía puede ejecutar la sentencia de alimentos”.

Además relata que “en Canadá, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea: tienen una variedad de políticas públicas (incluyen “child support” y algunos tipos de sanciones) que establecen que si el progenitor incumple el Estado paga la cuota; mientras, activa su máquina de recursos para cobrarle al padre moroso”.

“El cambio cultural que logramos desde Ni Una Menos no llega al poder judicial -dice-. Si lo planteás, te dicen punitivista: pero como feminista estoy a favor de la intervención del sistema penal para frenar a los agresores. El Comité CEDAW, la Convención Belém do Pará y el MESECVI dicen que el Estado debe sancionar las violencias, y nuestra Ley 13.944 dice que debe sancionar el no pago de alimentos. En vez de anular la intervención del derecho penal creo que hay que reformarlo desde adentro.”

El Proyecto

 

 

Para NCN por Juan José Postararo