España al borde la fractura, por Mariano Yakimavicius*
La declaración de independencia del parlamento de Cataluña -posteriormente suspendida por el Tribunal Constitucional- enfrenta a España con la posibilidad de la descomposición territorial.
La última semana los parlamentarios catalanes sumieron a España en una montaña rusa política y emocional. El lunes, el parlamento catalán sancionó una resolución que declara iniciado el proceso de «desconexión democrática» del Estado español. El documento contempla que en el plazo de un mes comience la tramitación de las leyes que permitan convocar a una asamblea constituyente, desarrollar un sistema de seguridad social y también una hacienda pública propia, como fundamentos de la “República de Cataluña”. La resolución implica necesariamente el reconocimiento de la soberanía catalana, es decir, que no existe superior político sobre sí. De este modo, el parlamento desconoció abiertamente las leyes y las autoridades legítimamente constituidas del Reino de España, es decir, se independizó de hecho.
Para el gobierno central, todo esto se resume en una palabra: sedición. Inmediatamente, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que lo admitió en menos de 48 horas. La resolución quedó suspendida en forma cautelar hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, es decir, si Cataluña puede o no escindirse de España desconociendo las normas nacionales a su antojo.
¿Cómo se llegó a esta instancia?
Sin perjuicio del legítimo deseo que cualquier nación puede tener de identificarse con un Estado que la contenga y la represente, Cataluña tiene una identidad cultural distinta del Reino de España que no le impidió hasta ahora convivir.
Históricamente los catalanes han reclamado un mayor nivel de autogobierno político, jurídico, económico y cultural. Pero en los últimos años, algunos sectores nacionalistas se radicalizaron de manera creciente por entender que Cataluña es humillada por el Estado Español, que le devuelve mucho menos dinero del que aporta en concepto de impuestos.
La tensión aumentó a fines de 2014 con la convocatoria por parte de las autoridades catalanas a un referéndum para decidir sobre la independencia, que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
La novedad de éste año fue que las más importantes fuerzas políticas y organizaciones sociales locales se reunieron en una coalición denominada Junts pel Sí (Juntos por el Sí), con el objetivo puntual de llevar a Cataluña a su independencia. Con ese propósito, el presidente del gobierno catalán y principal artífice de esta situación, Artur Mas, adelantó las elecciones con el propósito de demostrar que los independentistas catalanes eran mayoría y poder legitimar así sus propósitos secesionistas. El 27 de septiembre, Junts pel Sí obtuvo poco más del 39 ciento de los sufragios y la la formación radical de izquierda -también independentista- Candidatura d’Unitat Popular (Candidatura de Unidad Popular, CUP), algo más del 8 por ciento. Entre ambas agrupaciones, no superaron el 48 por ciento de los sufragios, con lo cual, la mayoría de los catalanes no se encuentra representada fielmente en las decisiones de esa alianza partidaria coyuntural.
Pese a lo dicho, entre los escaños correspondientes a uno y otro sector, lograron la mayoría parlamentaria necesaria para alcanzar sus objetivos de impulsar la resolución independentista.
Pero hay dos obstáculos insalvables en el camino de Cataluña hacia la independencia, uno es el sistema legal vigente, comenzando por la Constitución Española, que no permite la secesión de una de sus partes sin la anuencia del Estado central, y la otra es la legitimidad de los diversos pueblos que componen España, de continuar formando parte de un mismo Estado soberano. Es decir, no alcanza solamente con la voluntad de los catalanes -así fuera de la totalidad de la población- para declararse independientes, porque previamente y de manera consensuada, decidieron junto a otros pueblos constituir el Reino de España, al que dotaron de una Constitución, un sistema legal e instituciones, que decidieron respetar de común acuerdo. Para desandar ese camino ahora, también deberían hacerlo acordando entre todos.
Párrafo aparte merece el presidente de gobierno español, quien incurrió en el error de confrontar sin negociar con Artur Mas, con quien protagonizó un desgastante duelo de egos. Mariano Rajoy se mostró despojado de toda condición de estadista y nunca pudo ver mucho más allá del problema. No desarrolló una estrategia de seducción de los nacionalistas catalanes más extremos mediante el ofrecimiento de mayores márgenes de autonomía, teniendo el ejemplo cercano del proceder del primer ministro británico David Cameron frente a la amenaza de secesión escocesa.
Una tensa partida de ajedrez por delante
El Tribunal Constitucional suspendió la resolución del parlamento catalán en forma cautelar hasta resolver la cuestión de fondo, algo que se estima hará en tiempo récord, posiblemente hacia fines de este mes. Mientras tanto y, pese a que la propia resolución anunciaba que las autoridades catalanas no deberían acatar la autoridad del Tribunal Constitucional, los parlamentarios secesionistas se han mostrado cautelosos. En primer lugar porque, a pedido de Rajoy, el Tribunal Constitucional ya advirtió al menos a 21 altos funcionarios públicos catalanes de las “responsabilidades penales” que podría acarrearles incumplir la suspensión de la declaración independentista. El Código Penal castiga la desobediencia grave cometida por autoridades públicas y contempla penas de multa de tres a 12 meses e inhabilitación para empleo o cargo público de seis meses a dos años. Pero más atermorizante aún resultaría una querella por el delito de sedición, que en España contempla hasta 15 años de prisión.
Además, entre los “independentistas” existe una inquietante división. La CUP no prestó su voto para elegir a las nuevas autoridades del gobierno y Artur Mas ya enfrentó dos rondas de votaciones parlamentarias sin haber podido ser consagrado nuevamente presidente del gobierno.
La CUP desea la independencia de Cataluña pero no quiere a Mas como líder. Además, pesan sobre él denuncias por hechos de corrupción que lo comprometen cada vez más.
De no prosperar la formación del nuevo gobierno, no quedará otro camino que convocar a nuevas elecciones en breve para redefinir la composición parlamentaria.
Lo cierto es que el líder de la CUP, Antonio Baños, espera que los parlamentarios proindepenencia puedan ponerse de acuerdo en un nombre de consenso para la presidencia del gobierno que no sea Artur Mas. Baños le endilga el desgaste de ocupar ese cargo desde 2010 y de haber sido funcional al gobierno del Partido Popular. El jefe político de la CUP está convencido de que sin Mas al frente, el independentismo crecerá.
La CUP, con sus diez bancas, es el más vivo ejemplo de lo que Giovanni Sartori llamaba partido político con “potencial de chantaje”. No puede por sí mismo alcanzar el poder, pero puede permitir o impedir que otro lo haga. La CUP es además una agrupación fuertemente ideologizada y actúa de manera tal de forzar a Junts pel Sí a renovar su liderazgo porque entiende el liderazgo personalista que ejerce Mas no es funcional al proyecto independentista.
No obstante lo dicho, antes de que el proceso independentista naufrague por desavenencias propias, Baños toleraría a Mas como presidente una vez más, pero arrancándole todas las concesiones posibles.
El complejo proceso catalán es observado con expectativa en todo el mundo. Desde aquellos países donde existen movimientos nacionalistas y secesionistas prestos a emular el caso catalán, o Estados centrales que necesitan que España pueda contener la secesión para poder tener antecedentes que imitar, hasta en Argentina, donde reside una vasta comunidad de origen catalán.
Esta crisis se ha tornado un juego de suma cero, en el cual sólo un jugador puede ganar y el otro no tiene más remedio que perder, cuando en realidad, podría haber sido abordado como un juego de suma variable donde cada jugador podría obtener algo si está dispuesto a ceder también algo.
La crisis puede endurecerse sin lugar a dudas si los miembros del gobierno catalán no acatan al Tribunal Constitucional. No se sería de extrañar en ese caso, ver a funcionarios detenidos, fuerzas de seguridad desplegadas y a España tambaleando al borde de una fractura que, más allá de ser o no territorial, ya es cultural.
*Mariano G. Yakimavicius
Especialista en Gestión Estratégica de Organizaciones Públicas