Fuentes impulsó la creación de un tribunal que defina la constitucionalidad de las leyes

El senador nacional Marcelo Fuentes (FPV) impulsó una medida para crear un tribunal constitucional que, «de forma independiente, ejerza el control constitucional de las normas». La oposición, por su parte, ya cargó contra la iniciativa y la calificó como un «disparate» y un avance contra el Poder Judicial luego del revés en la Corte que sufrió la ‘democratización’ de la Justicia.

El objetivo es instaurar un órgano que defina la constitucionalidad o no que puedan tener las normas sancionadas por el Congreso a partir de los avatares que los palacios legislativos han recibido en los últimos meses. Ejemplo de eso es la reforma judicial a nivel nacional y la ley de desarme en la provincia de Buenos Aires.

En sintonía, el representante de Neuquén cuestionó el rol que los tribunales ejercen en la vida democrática del país: «¿Por qué tiene que haber un poder que controla a los otros dos poderes, cuando estamos hablando de equilibrio de poderes?”. Ejemplificó su pregunta con el transitar de algunas legislaciones en el sistema argentino; “el Congreso dicta una norma soberana en el marco de las mayorías y la legalidad, y un juez con una sentencia interpreta que es inconstitucional».

En sintonía con los fundamentos de la democratización que elevó la presidenta Cristina Fernandez, señaló que su intención es lograr “un tribunal de constitucionalidad totalmente independiente: los jueces deben interpretar conductas a la luz de las normas, no las normas».

Asimismo, el representante del kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura manifestó su repudio por las posturas de la oposición que chicanean el debate de la reforma constitucional a partir de la impugnación de la reelección del presidente mientras «hay otros asuntos de fondo, como la creación de un tribunal de constitucionalidad, que de forma independiente ejerza el control constitucional de las normas».

Fuentes destacó que la propuesta es a “a título personal» y remarcando que no viene de la Casa Rosada como el paquete que planteaba reformar la Justicia a principio de año intentó separar del planteamiento al Poder Ejecutivo.