29 de marzo de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

Gaillard presentó un proyecto de resolución para expresar su «preocupación» por las supuestas «prácticas de inteligencia ilegal»

La diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard presentó un proyecto de resolución para expresar su «preocupación» por las supuestas «prácticas de inteligencia ilegal» llevadas a cabo durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri contra personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes, sindicalistas y fuerzas policiales.

La iniciativa de la presidenta de la Comisión Penal está respaldada por sus pares de bloque Cristina Alvarez Rodríguez, Mara Brawer, Blanca Osuna, Mayda Cresto y Marcelo Casaretto.

Los legisladores oficialistas manifestaron de esta manera su posición ante la denuncia presentada ante la Justicia por la interventora de Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre una presunta red de espionaje concretada en el gobierno de Macri.

En el proyecto, los diputados del Frente de Todos manifestaron su preocupación ante «los hechos vertidos en la denuncia realizada por Caamaño en su función de interventora de la AFI, de la cual se desprende la puesta en marcha durante el gobierno de Macri de un sistema destinado al espionaje ilegal de referentes de distintas fuerzas políticas, organizaciones sociales, derechos humanos, sindicatos, personal de las fuerzas de seguridad y gobernadores».

  • «De confirmarse lo denunciado no sólo se estaría configurando una clara violación de lo dispuesto por la Ley de Inteligencia Nacional sino también se confirmaría que las tareas de inteligencia de nuestro país siguen reproduciendo prácticas que nos retrotraen a las épocas más oscuras de nuestra patria, en donde la actuación fuera de la ley produjo miles de víctimas, muchas de ellas oponentes políticos», añadieron.

Al respecto, agregaron que «comparten» la «decisión política» del presidente Alberto Fernández de «ponerle fin al secretismo con el que se manejan alguna parte de los fondos públicos destinados a la inteligencia estatal que durante el gobierno de Macri pretendieron influir en investigaciones judiciales y en espionaje ilegal».

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