LEGISLATURA PORTEÑA – Gobierno porteño enviará a Legislatura proyecto por un Código Electoral propio

LEGISLATURA PORTEÑA.- La Dirección de Reforma Política y Electoral de la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos está en pleno desarrollo de un Proyecto de Código Electoral.

El Gobierno de la Ciudad girará a la Legislatura el proyecto por un Código Electoral propio. Así, se desprendería del Nacional, alcanzando verdadera autonomía. La Dirección de Reforma Política y Electoral de la Subsecretaría de Reforma Política y Asuntos Legislativos, dependiente del Ministerio de Gobierno de la CABA, está en pleno desarrollo de un Proyecto de Código Electoral para presentar ante la Legislatura.

De aprobarse, este contemplará la boleta única electrónica, paridad de género en listas; regulación del financiamiento y publicidad en campañas, y obligatoriedad de postulantes de participar de debate previo a comicios. Según el Ministerio de Gobierno, la propuesta del Proyecto de Ley busca priorizar la transparencia en el proceso electoral, exigir la bancarización de todos los movimientos de dinero vinculados a la campaña, además de crear un registro de proveedores para transparentar gastos de agrupaciones políticas.

Para discutir iniciativas hay mesas de diálogo, donde participan la Universidad, organizaciones de la sociedad civil y representantes de los tres poderes, locales y nacionales. La iniciativa incorpora la “promoción del debate público entre candidatos“ para que la ciudadanía sepa, en instancia neutral, las principales propuestas.

En mesas donde se debatió este tema, hubo exposiciones del legislador de la Ciudad, Maximiliano Ferraro, y secretario general del Gobierno, Fernando Straface. Sus alocuciones se centraron en la importancia del debate en períodos electorales. Se estableció un contrapunto sobre obligatoriedad o no del mismo, primando la postura de hacerlo obligatoriamnete. En cuatro mesas de “Financiamiento”, la totalidad de grupos acordó que debería ser mixto. Asimismo, tres mesas coincidieron en que el aporte del Estado debe estar destinado al partido y no la agrupación o alianza electoral.

En la mesa de “Campaña”, por el acotado tiempo de trabajo, grupos no abordaron en profundidad ninguno de los temas preestablecidos, por lo que coincidieron en avanzar en una regulación de campaña propia para la Ciudad. Además, la mayoría consideró que la Auditoria General debe continuar con el informe final. Otro de los puntos es la “ampliación de participación política” para garantizar derechos políticos de extranjeros e incorporar paridad y alternancia por género como principios rectores en conformación de listas para cargos electivos.

Así, hubo ocho mesas de debate (donde asistieron más de 80 personas), donde en seis se debatió género, y se pronunciaron a favor de establecer ley de cupo. En cinco estuvieron a favor de paridad, mientras en tres se remarcó garantizar paridad de género postelectoralmente (considerando quién ocupa efectivamente la banca).

Por otro lado, entre las cuatro del “voto extranjero”, tres consensuaron en incorporar el empadronamiento automático de residentes nacidos en otro país, mientras sólo una sostuvo que el empadronamiento debe mantenerse voluntario. En mesas de debate para el “Calendario Electoral”, siete de las ocho coincidieron en desdoblar elecciones locales sobre nacionales.

No obstante, hubo multiplicidad de ideas en cómo implementarlo. El principal argumento fue que el desdoblamiento favorece a que el debate se centre en cuestiones locales. En mesas para la “Observación Electoral”, se acordó regular la normativa; sin embargo se presentaron múltiples posturas sobre cómo hacerlo.

Además, se planteó incluir a diferentes tipos de actores como observadores electorales y establecer con claridad el alcance de sus informes. Otro de los puntos que el Gobierno propone es fomentar la “institucionalización del uso de tecnologías” en diversas etapas del proceso electoral. En la misma línea se crearía un registro de proveedores de soluciones tecnológicas para voto electrónico, asegurando transparencia en el proceso de licitación, con testeos y auditorías donde participarían partidos, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

En mesas de diálogo, el mayor consenso sobre el valor agregado de tecnología fue en su inclusión al escrutinio, así como utilización para control y transparencia de todo el proceso. Fue menos discutida utilizar tecnología para oficializar alianzas y candidaturas, transmisión y totalización de resultados. Ningún grupo vio positiva la inclusión de tecnología en identificación del elector. Principales considerandos para avanzar con el voto electrónico fueron seguridad, celeridad y transparencia.

Además, se consideró que herramientas sean auditables, incluyendo espacios de auditorías abiertas, con plazos suficientes para corregir posibles errores detectados. La reforma también propondrá la división del trabajo electoral entre una autoridad administrativa y otra contenciosa, permitiendo así mejor organización de funciones electorales. En este ítem, no hubo acceso a conclusiones desarrolladas en mesas. Bloques de la oposición y Defensoría del Pueblo presentaron proyectos similares sin tratamiento hasta hoy.