Gobierno porteño: quiere la reforma política en la Ciudad
Con la reforma se permitiría el aporte de empresas en campañas y aumento de topes y montos. Asimismo, institucionalizarían la boleta electrónica, introducirían paridad en listas y unificarían el calendario electoral con el de Nación.
Mientras el Gobierno nacional busca aprobar en el Congreso la reforma política que implementará el uso de boleta electrónica en todo el territorio argentino, la administración porteña trabaja en su propia reforma que se introducirá con un tema no abordado por la del Ejecutivo nacional: financiamiento de campañas. Horacio Rodríguez Larreta analiza últimos borradores y, con acceso a esos documentos, el texto ingresará a la Legislatura antes de fin de año para ser aprobado en 2017.
El proyecto habilitaría el aporte de empresas al financiamiento de campañas, aumento de topes y montos, creación de un registro de proveedores y elevar penas a candidatos que hicieron campaña con irregularidades. Quienes idearon el proyecto buscaron, en primera medida, liberar el tope para donaciones, propuesta que encontró resistencias en el Ejecutivo.
La ciudad de Buenos Aires se rige hoy por la ley 268/99 que prohíbe «aportes anónimos y aquellos que provengan de personas jurídicas». Además, el nuevo proyecto obligaría a partidos políticos a tener un responsable económico que, si hay irregularidades, ponga en juego su matrícula. En elecciones de 2015 Cambiemos tuvo a dos jubiladas como responsables económicas de informes financieros de campaña. Quieren acabar con estas irregularidades.
También, el Gobierno porteño instalaría el sistema de votación de Boleta Única Electrónica, que ya se aplicó en 2015 y que es la obsesión de la administración nacional. Por otra parte, se introduciría la paridad en listas, como ocurre en el Congreso nacional. Otra modificación estaría vinculada a la simultaneidad de elecciones porteñas con nacionales, para lo que Larreta derogaría la ley 875 sancionada en 2002 que autoriza al Ejecutivo de la ciudad a convocar elecciones en fechas distintas al cronograma fijado por Nación.
Se espera que el proyecto ingrese a la Legislatura este año para tratarse en 2017.