Grave informe sobre la Tortura y el hacinamiento con maltratos en cárceles y comisarías
En el informe anual de gestión presentado ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo el día de hoy, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura denunció hoy la existencia de maltratos y condiciones de hacinamiento en lugares de detención de la Argentina. En ese sentido, prisiones y comisarías quedaron en la mira del informe, por sus pésimas condiciones de habitabilidad, malos tratos hacia los internos y mal estado general.
Durante este mediodía, el presidente del comité, Senador (MC) por Misiones Juan Manuel Irrazábal, expuso ante la comisión presidida por la senadora de Cambiemos, Marta Varela quien finaliza su mandato el 9 de diciembre próximo y el resto de los legisladores que la integran
Irrazabal destacó que la situación de las mujeres detenidas en estos lugares es de aún «mayor vulnerabilidad», ya que estos sitios no cuentan con condiciones mínimas aptas de hábitat como lugares de detención.
El informe se basa en un estudio que toma como muestra las inspecciones realizadas en el último año a comisarías y prisiones de todo el país. Al respecto, señala que «se registraron diversos casos de malos tratos y torturas aún vigentes» y que «han fallecido personas debido a incendios en lugares hacinados, en comisarías de Entre Ríos, Buenos Aires y Chubut».
«El hacinamiento en comisarías reviste casos de gravedad extrema en celdas de tamaño muy reducidos con condiciones habitacionales deficitarias en las que viven personas durante meses. Se han encontrado, por ejemplo, 32 personas en un mismo lugar».
En el informe también se denuncia la situación de menores de edad «encerrados en lugares que tienen la misma lógica carcelaria que los adultos y que permanecen en esos lugares de dos días a dos años».
Irrazábal señaló que se ha avanzado «en el esfuerzo de ir conformando los comités locales de prevención de la tortura» en todas las provincias.
«El objetivo es prevenir situaciones de maltrato y torturas en los ámbitos de privación de la libertad y sobre todo que Argentina cumpla con estándares internacionales y se adecue a los requisitos necesarios para los lugares de detención», agrega el documento.