Impulsan una moratoria para personas en edad jubilatoria sin los aportes suficientes

Senadores del interbloque Frente de Todos un proyecto de ley para que las personas en edad jubilatoria que no llegan a los aportes necesario, puedan acceder a la jubilación a través de una serie de pagos accesibles.

En la conferencia de prensa realizada en el Salón Illia de la Cámara alta, los legisladores oficialistas manifestaron que la iniciativa «representa un 0,02% de costo fiscal y que, además, contribuiría a fortalecer el sistema previsional, a través de una moratoria especial que también habrá para mujeres y varones que estén a 10 años de cumplir los 60 y 65 años, respectivamente.

José Mayans, jefe de la banca de senadores oficialistas habló sobre el fin de las AFJP en 2008 señalando: “cuando “la mínima era de 700 pesos y 300 era lo que las AFJP le daban a los jubilados y el Estado tenía que poner más de 400 pesos para alcanzar la mínima”. En este sentido destacó las moratorias que se impulsaron durante los años del gobierno kirchnerista en el cual se incorporaron acasi 3.600.000 argentinos que estaban fueran del sistema.

Al respecto resaltó que “estamos convencidos que a este país o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. A mayor justicia social, mayor paz social, por eso el Estado no se puede hacer el distraído”.

Cuando fue consultado sobre si el proyecto fue tratado con el Ejecutivo o el ministro de Economía, Martín Guzmán, el legislador formoseño expresó con énfasis que “no hay intención de confrontar con nadie, ni de arruinarle la vida a nadie”, sino que se trata de “tener gestos solidarios y políticas que realmente busquen la dignidad humana. Por supuesto es perfectible, acá nadie es dueño de la verdad y se puede mejorar”.

Anabel Fernández Sagasti, vicepresidente del bloque señaló que “las personas que este año y el año que viene cumplirán 60 o 65 años han atravesado bastas crisis socioeconómicas y de mercado laboral, también la última dictadura cívico militar; la hiperinflación del ’89; y los picos de desocupación de los ’90 y 2001, con lo cual se hace muy dificultoso que puedan cumplir con el requisito de los 30 años de aportes para poder jubilarse”.

Frente a esto advirtió que a partir de julio “al finalizar  la moratoria dispuesta por la Ley 26.970 de 2014 solamente podrían jubilarse 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones”. Para apoyar el discurso del senador formoseño en torno al gobierno k, apeló a recordar que “entre 2003 y 2015 llegamos al 95% de la cobertura en materia previsional y en 2015, antes de entregar el gobierno, la jubilación mínima era, en términos reales, la más alta de América Latina”.

Y deslizó en tono festivo: “Estamos a las puertas de tomar nuevamente una decisión muy importante para que puedan jubilarse los argentinos y las argentinas que cumplen 65 y 60 años en los próximos dos años. El proyecto tiene que ver con una preocupación urgente que son estas 500 mil personas que este año no van a poder jubilarse”.

Al igual que Mayans respondió sobre la participación al ministerio de economía: “La inclusión previsional es un compromiso que tomó este Gobierno, es parte de la agenda del Gobierno y del interbloque del Frente de Todos. Presentamos este proyecto en el Senado para que lo discutamos entre todos y todas. Claramente que los números los hemos consultado con la ANSeS, pero es una iniciativa del interbloque del Frente de Todos. Casi tiene un mínimo costo fiscal, es del 0,02%; es casi nulo”.

Por su parte, el senador Mariano Recalde explicó los detalles técnicos del proyecto señalando que el proyecto se fundamenta en “permitirle a los trabajadores y trabajadoras poder regularizar su situación y poder ponerse al día con esos aportes que no pudieron cumplir, muchas veces por trabajar en la informalidad, muchas veces por tener períodos donde no pudieron trabajar”.

En este sentido, el legislador porteño aseveró: “Este proyecto no tiene impacto en los jubilados que hoy están percibiendo su haber. El sistema previsional se robustece y mejora, y tiene más posibilidades de atender las jubilaciones si hay un país, un contexto con pleno empleo, con salarios con buen poder adquisitivo y con una tasa de empleo no registrado baja”.

Asimismo destacó que “esos son tres factores económicos que nuestro proyecto político desde el primer día apuntala y trata de fortalecer” pero “en el medio aparecen dificultades, como pandemias, guerras y deudas externas, problemas que condicionan el objetivo político que tiene nuestro Gobierno”.

La iniciativa propone que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

En este sentido, los legisladores expresaron que hoy día solamente 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones llegarían  a la edad de jubilarse con los 30 años de aportes. El resto se ve obligado a recurrir a la PUAM, una prestación sancionada en el gobierno anterior y que otorga apenas un 80% del haber mínimo.

Además, el proyecto contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) conscientes de que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes. Estas personas podrán abonar unidades de cancelación de aportes, equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, ateniendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

Cada unidad de cancelación de aportes previsionales abonada será registrada en la historia laboral de la persona, que podrá ir previendo la evolución de sus servicios con aportes conforme va avanzando en la cancelación de unidades y se va acercando su edad de retiro. La actualización del plan de pagos se realiza teniendo en cuenta el índice de movilidad jubilatoria informado por la ANSeS, se explicó.

Según los registros de la Seguridad Social, en lo que resta de 2022, aproximadamente 500 mil personas con la edad jubilatoria ya cumplida podrían adherir a la Unidad de Pago de Deuda Previsional que propone el proyecto de ley. Además, aproximadamente otras 300 mil personas estarían en condiciones de adherir en el año 2023. “Es importante destacar que muchas de estas personas no han podido adherir a las moratorias anteriores por las restricciones y barreras que las mismas han acumulado a partir de 2016”, indica un comunicado.

Al respecto, los senadores oficialistas consideran  que “es una medida que recupera el valor de solidaridad intergeneracional y de previsión del sistema jubilatorio generando oportunidades para que, de manera anticipada, las personas tomen un rol activo para poder torcer positivamente un destino que, de otro modo, las deja en riesgo de atravesar situaciones de mayor vulnerabilidad en la vejez. Este proyecto, además de resolver la situación jubilatoria de una enorme cantidad de trabajadores, fortalecerá la solvencia del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIPA)”.