18 de abril de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

Incompatibilidad en la función pública, por Claudio Hugo Naranjo*

*Periodista y escritor

Muchas veces se ha dicho que los gobiernos como los pescados comienzan a pudrirse por la cabeza. Cuando tal hecho acontece, el país entero entra en putrefacción, como a la inversa, el pueblo se dignifica si el ejemplo de dignidad es dado por los dirigentes. Es sano para la Nación y para las Instituciones que la Oficina Anticorrupción, (O.A.) comandada por la licenciada Laura Alonso invite al ministro de Energía Juan José Aranguren a que se desprenda de las acciones de Shell para aumentar la confianza no sólo en el ministro, sino en todo un gobierno. La O.A. debe velar por la prevención e investigación de aquellas conductas que dentro del ámbito fijado por la reglamentación del Decreto 120/1999 se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por Ley 24.759.

La Ley de Ética Pública es clara y hace expresa mención a la incompatibilidad de las funciones. En las aproximaciones conceptuales a la ética se distinguen, en general, dos vertientes: la reflexiva y la normativa. La vertiente reflexiva considera a la ética como una cuestión de visión, de discernimiento y de juicio ponderado, más que de decisión. La vertiente normativa tiene el propósito de proporcionar pautas y lineamientos para decidir qué hacer frente a opciones o dilemas éticos.

La combinación de las referidas vertientes provee diferentes modelos y criterios para contemplar diversos factores atinentes a una opción o dilema particular, previniendo eventuales actitudes reduccionistas o simplistas. Las cuestiones básicas de la denominada «ética pública» son: a) cómo asegurar que los “agentes públicos” mantengan realmente una vocación por los intereses generales y por el bien común más que por intereses particulares, y b) cómo garantizar que, experimentando tal vocación, reúnan la independencia y la idoneidad para ejercer sus funciones con equidad, eficacia y eficiencia.

Cada ESTADO procurará establecer medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las autoridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos. Cada ESTADO considerará la posibilidad de adoptar medidas disciplinarias o de otra índole contra todo funcionario público que transgreda los códigos o normas establecidos de conformidad con el presente artículo.

Establece los siguientes principios generales para los funcionarios: a) probidad: actuar con rectitud y honradez, procurar la satisfacción del interés general, desechar todo provecho o ventaja personal, y exteriorizar una conducta honesta (art. 8), b) prudencia: actuar con pleno conocimiento de las materias pertinentes, inspirar confianza en la comunidad y evitar acciones que puedan poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen de sus servidores (art. 9), c) justicia: tener permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido (art. 10), d) templanza: desarrollar las funciones con respeto y sobriedad, usando las prerrogativas y los medios a su cargo únicamente para el cumplimiento de sus funciones y deberes y evitar cualquier posible ostentación (art. 11), e) idoneidad: aptitud técnica, legal y moral, como condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública (art. 12), y f) responsabilidad: esfuerzo honesto para cumplir con sus deberes (art.13).

El ministro Aranguren tiene dos posibilidades a corto plazo: se desprende de las acciones de Shell o renuncia. Sabiendo de su honorabilidad es muy probable que se incline por la segunda variable. El Presidente de la Nación tendrá en las próximas dos semanas que tomar medidas duras… operar sin anestesia; la renuncia del ministro Aranguren puede llevar de la mano a otra figura del gabinete nacional que está cuestionada por gran parte del arco político y la sociedad en su conjunto, la mirada esta puesta en cómo se vayan desarrollando los acontecimientos en la provincia de Santa Fe y principalmente en Rosario. La provincia se encuentra tomada por los narcos y las fuerzas policiales locales, es ya una verdadera guerra civil y la ministra de Seguridad Nacional está en el ojo de la tormenta.

Uno de los artículos de Ética Pública dice… a) “aptitud e idoneidad: ninguna persona debe aceptar ser designada en un cargo para el que no tenga aptitud”.

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