Macri enviará proyecto de reforma del Código Penal que crea nuevos delitos y aumenta penas por cortar calles
En el mismo se aumenta la escala y se profundiza la gravedad de “detener o entorpecer” el tránsito de medios de transporte público y privado sin previa autorización.
El texto del proyecto incluye un aumento de las penas por cortes (que irían de un máximo de dos años a entre seis meses y tres años de prisión) y crearía, a su vez, el delito de “incumplimiento de la prohibición de ingresar al país” para los inmigrantes, aumentando la tensión con respecto a la situación de los mismos en nuestro territorio. El Poder Ejecutivo será el encargado de enviar al Congreso Nacional el proyecto de reforma del Código Penal, el cual fue elaborado a lo largo de más de un año por una comisión especial, encabezada por el camarista federal Mariano Borinsky, tiene como fin ampliar la cantidad de artículos del Código de 320 a 540, a la vez que aspira a sistematizar las leyes que correspondan al mismo y que hasta ahora se encuentran dispersas.
Entre las consideraciones del proyecto, en tanto y en cuanto los privados tengan un permiso del Estado para interrumpir el tránsito, no estaríamos ante la constitución de un delito, a la vez que el juez que interviniese en la causa tendría que analizar en cada caso las particularidades del corte, contemplando vías de circulación alternativas, la urgencia del reclamo, que no se cometan daños ni haya lesiones y demás puntos que estarán especificados en la reglamentación. Además, se incorporaría una figura agravada para los inmigrantes que utilicen documentación falsificada y quienes incumplan la prohibición de reingresar al país después de haber sido expulsados por orden judicial, motivo por el cual se pasaría de estar bajo una normativa que no entiende que esto sea un delito a una que contemplaría prisión de uno a cuatro años.
En palabras de Borinsky, “El delito de interrupción de los medios de transporte resulta compatible con el derecho constitucional a la protesta social”, agregando que “los últimos avances en la jurisprudencia y el derecho comparado exigen considerar restricciones razonables de modo, tiempo y lugar, de modo que se respeten los derechos de todos los individuos afectados”.
De todos modos, fuentes cercanas al gobierno indican que es poco probable que este proyecto sea tratado durante el 2019 debido a que hay cuestiones técnicas que aún no están dispuestas a tales fines. A su vez, niegan que sea para para controlar con mayor presión las calles, ya que con anterioridad fue rechazado un proyecto de similares características.