Jurados, ciudadanía y Justicia. Por Andrés Harfuch

Neuquén, Buenos Aires, Mendoza, Chaco, San Juan Entre Ríos, Río Negro, CABA, Catamarca, Chubut y Córdoba son las provincias que ya han implementado el juicio por jurados. Eso significa que son sus ciudadanos y ciudadanas quienes imparten justicia de manera directa, sin intermediarios. Han demostrado con creces que tienen una capacidad notable para comprender las pruebas, los testimonios y las pericias y para llevar adelante deliberaciones muy profundas para decidir si una persona es culpable o no de un delito.

Así lo demuestra la investigación El jurado neuquino, realizada por las politólogas argentinas Aldana Romano y Sidonie Porterie, junto a la afamada profesora estadounidense Valerie Hans, sobre 25 juicios por jurado desarrollados en la provincia entre 2016 y 2019. El estudio revela que el jurado no manifestó grandes dificultades para comprender las pruebas presentadas en los juicios y que un 93% de los encuestados consideró que las instrucciones de los jueces sobre la ley fueron «útiles» o «muy útiles».

Más allá del control directo sobre el Poder Judicial que ejercen los jurados con sus veredictos, otro punto clave es que su presencia eleva inevitablemente los estándares de la justicia: las partes se ven obligadas a preparar sus casos con mucho más rigor. A traer pruebas sólidas y convincentes al juicio público. A hablar en idioma castellano y sin tecnicismos. Esto implica que las partes y la abogacía mejoren sus técnicas de litigio y no se basen más en un expediente escrito, secreto y difícil de comprender. Esta transformación, que implica que la prueba es central en un juicio oral para la decisión de un caso, ha sido una saludable revolución para un sistema penal caracterizado como lento, ineficaz y con múltiples cuestionamientos de parte de la sociedad.

El juicio por jurados hoy recibe el respaldo de las Cortes Supremas provinciales, del periodismo y de la política. Ministros, gobernadores y funcionarios de distinto signo político han puesto en marcha el jurado en cada provincia y están decididos a extenderlo al proceso civil, comercial y laboral.

Si bien en los últimos años se avanzó con celeridad, no es sencillo romper con la tradición inquisitiva que impera en nuestro país, de la mano de un discurso judicial y académico que todavía se aferra a ella. ¿Qué resta por recorrer? Para continuar el camino que marcaron nuestros Constituyentes en 1853, que incluyeron el juicio por jurados en tres artículos, es necesario que las 13 provincias que faltan aprueben o avancen con la implementación del sistema. Santa fe ya tiene media sanción y también hay procesos legislativos abiertos en Salta, Corrientes, Tucumán, Santa Cruz y Jujuy.

En definitiva, el juicio por jurados brinda transparencia al trabajo judicial, celeridad, publicidad y respeto por las garantías constitucionales y los derechos humanos. Es un sistema que fortalece las instituciones democráticas, favorece la desconcentración del poder de juzgar y acorta la distancia entre la justicia y la ciudadanía.

 

 

Andrés Harfuch, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado y director del Programa de Juicio por Jurados del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)

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