La cara oculta del macrismo en cinco puntos
Por Virginia González Gass
Este martes 7 de mayo el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, será “consultado” (en lugar de interpelado) en la Legislatura Porteña por su responsabilidad política en la demolición de los Talleres Protegidos N° 19 del Hospital Borda.
Tras la respuesta negativa al pedido de renuncia del ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, por el violento proceder de la Policía Metropolitana durante la jornada del 26 de abril, esta nueva presentación atiende indirectamente a un pedido de interpelación de legisladores opositores en el que también está incluido el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.
En su descargo durante la sesión especial del sábado 27, el ministro Montenegro señaló directamente al arquitecto Chain y al Procurador de la Ciudad Julio Conte Grand como los funcionarios encargados de evaluar la legitimidad del operativo conjunto, motivo por el cual justificó el envío del cuerpo infantería al hospital neuropsiquíatrico.
A continuación se ponen a disposición diversos elementos de análisis que demuestran el accionar ilegal con el que obró el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Siguiendo los enlaces (subrayados) se podrá acceder a la documentación en detalle:
1) El espacio destinado a la edificación del denominado “Centro Cívico” debe ser tratado por la Legislatura al superar el 20% del total de la parcela, conforme lo indica el Código de Planeamiento Urbano (ver Dossier). Una extraña coincidencia es que, luego de los sucesos, desaparecieron los datos catastrales del Hospital Borda del “Mapa interactivo de la Ciudad de Buenos Aires.
2) El decreto 121/12, por el cual se autorizan los pliegos de licitación y se pretende habilitar la obra para el “nuevo distrito gubernamental”, resulta inconstitucional y contrario a derecho por violar los artículos 89° y 90° de la carta magna de la Ciudad de Buenos Aires, que obligan al paso por la Legislatura, con un proceso de doble lectura, respecto a toda reforma del Código de Planeamiento Urbano (ver Dossier).
3) La demolición del Taller Protegido N° 19 contradice lo dispuesto por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, bajo un argumento engañoso del fallo en primera instancia dictado por la jueza Andrea Danas -del 19 de febrero de 2013- en el que declara abstracta la medida cautelarsustentada en el Expte. 45258/1, bajo los autos “NADDEO, María Elena y otros c/GCBA” y, por lo cual, la Cámara ratifica el 26 de abril lo dispuesto el 28 de diciembre de 2012, aplicando sanciones al Jefe de Gobierno Mauricio Macri, al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chain, y al Procurador General de la Ciudad, Julio Conte Grand, con multas de 20 mil pesos a cada uno (ver Dossier).
4) La situación en el Hospital Borda no resulta ajena a la política de desguace progresivo de los dispositivos de Salud Mental (ver documento de trabajo). Esa situación extrema pudo observarse en la precariedad de la Sala de Guardia en donde resultaron atendidos los heridos durante la represión.
5) Los dos gobiernos de Mauricio Macri han sostenido la tendencia de crear una fuerza de choque, en lugar de un cuerpo de proximidad. El decreto 210/2009 admitió el ingreso a la Policía Metropolitana de personal de las Fuerzas Armadas (ver Dossier). En este sentido, la política instrumentada siempre persiguió una conducta represiva. A la designación de Jorge “Fino” Palacios y sus espías, le siguió como Jefe de la Metropolitana Eugenio Burzaco, ideólogo del plan integral de seguridad que en 2007 terminó con el asesinato, en Neuquén, del maestro Carlos Fuentealba; en tanto, su sucesor Horacio Alberto Giménez recibió cobijo por el macrismo luego de ser expulsado por la ministra Nilda Garré de la Policía Federal. Asimismo, existe el precedente en el Gobierno de Mauricio Macri de la ex UCEP (Unidad de Control de Espacio Público): fuerza de choque que actuó bajo la órbita del Ministerio de Espacio Público, en tiempos en los que el actual titular del SBASE (Subterráneos de Buenos Aires), Juan Pablo Piccardo se desempeñaba como ministro de Ambiente y Espacio Público. El jefe de Gobierno sigue imputado por el maltrato a indigentes en la causa caratulada “Macri, Mauricio, Piccardo Pablo, UCEP s/Amenazas y otros delitos”.
Frente a la llamativa negación de la realidad por parte de los máximos funcionarios del gobierno porteño, el juicio político parece ser el único camino para evitar la impunidad respecto al avasallamiento sobre los derechos de los ciudadanos y sobre la justicia.
Por tal motivo resulta indispensable denunciar este plan sistemático, que avanza velozmente, y se corresponde a una política tendiente a desarticular el espacio público para fines ajenos al bien común.
Estos cinco puntos sólo focalizan los sucesos recientes en el ámbito de la salud, y tienen como telón de fondo la clara inobservancia de todo el marco regulatorio que constituya un obstáculo a los planes de la actual gestión.
La casi nula acción del gobierno porteño en áreas de bienestar social y los constantes atropellos son la cara oculta de una gestión de matriz autoritaria que hoy avanza a paso firme sobre los pacientes psiquiátricos, los trabajadores y todo aquel que promueva soluciones inclusivas para toda la comunidad.
* Legisladora porteña (PSA) y presidente de la Comisión Especial de Salud Mental
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