28 de marzo de 2024

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«La causa de Malvinas y los derechos humanos» – Por César González Trejo (*)

Durante la conmemoración del 40º aniversario del golpe cívico-militar y el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, convocada por los organismos de derechos humanos en Plaza de Mayo, se dio lectura a un documento que suscribieron las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S. Capital.
En el documento, leído ante una amplia concurrencia, se incluyó el siguiente párrafo dedicado a la guerra de Malvinas: “Por eso, volvemos a decir que la única guerra que hubo entre 1976 y 1983 fue la de Malvinas, en la que perdieron la vida cientos de personas en nombre de una batalla desigual. A los crímenes de la guerra se le sumaron los delitos de lesa humanidad cometidos por algunos jefes sobre los combatientes, delitos que deben ser juzgados y condenados como parte del accionar criminal del estado terrorista. Esa es una de las deudas de esta democracia, como también lo es la identificación de los 123 cuerpos de quienes perdieron la vida en el conflicto bélico. Seguimos exigiendo el reconocimiento de la soberanía sobre las Islas. ¡Las Malvinas son argentinas! ¡Memoria, Verdad, Justicia y Soberanía!”.

El primer concepto, que afirma que “la única guerra que hubo entre 1976 y 1983 fue la de Malvinas”, constituye el fundamento básico de los organismos de derechos humanos para impulsar los juicios por crímenes de lesa humanidad contra militares y civiles, bajo el denominado Terrorismo de Estado, negando que su accionar pudiera ser encuadrado jurídicamente como producto de una guerra. Los abogados defensores de los acusados por haber cometido crímenes de lesa humanidad sostienen el argumento contrario, que existió una guerra de carácter interno, y que sus defendidos deben ser juzgados por actos de guerra.

El sistema judicial argentino ya asumió la posición sostenida por los organismos de derechos humanos, dictando sentencias y aplicando penas desde esa perspectiva jurídica. El actual Gobierno Nacional ha manifestado su intención de no promover cambios en este estado de cosas.

Lo que nos importa en nuestro análisis, es señalar la profunda contradicción que subyace en las propias afirmaciones de los organismos de derechos humanos respecto de la guerra de Malvinas. Porque si esta es considerada como “la única guerra que hubo entre 1976 y 1983”, el encuadre jurídico para ella no puede ser nunca el mismo que llevó a los protagonistas del Terrorismo de Estado al banquillo de los acusados.

En efecto, las guerras internacionales, es decir, entre dos o más Estados, como fue la guerra de Malvinas, deben encuadrarse en el Derecho Internacional Humanitario, cuyos conceptos fundamentales reposan en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, de los cuales la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte eran suscriptoras al momento de producirse el conflicto armado en el Atlántico Sur. (No de todos, pero sí de los principales).

El siguiente concepto desnuda claramente la contradicción –por no decir, la inmensa hipocresía-, de los organismos de derechos humanos: “A los crímenes de la guerra se le sumaron los delitos de lesa humanidad cometidos por algunos jefes sobre los combatientes…”. Ningún organismo de derechos humanos acompañó las denuncias por los crímenes de guerra británicos que efectuamos desde las organizaciones de ex soldados combatientes o desde los Familiares de los Caídos en Malvinas. Pese a que recurrimos a ellos en varias oportunidades para obtener su solidaridad.
Ni las madres, ni las Abuelas, ni los Hijos, ni los juristas, ni los Premios Nobel, manifestaron su apoyo, cuando en 1993 impulsamos – y logramos-, la creación en el Ministerio de Defensa de la Comisión Investigadora de Crímenes de Guerra Británicos en Malvinas. No dieron opinión cuando el Auditor General de las Fuerzas Armadas, Brig. Eugenio Miari, emitió un dictamen donde comprobó la comisión de varias violaciones británicas a las Convenciones de Ginebra.

Tampoco se solidarizaron cuando se sancionó la Ley 24517 del año 1995, que creó la Comisión Investigadora de Crímenes de Guerra británicos, con participación de los tres Poderes del Estado Nacional, ni protestaron por su incumplimiento hasta la fecha. Ni una palabra de adhesión recibimos cuando el Juzgado Federal de Río Grande abrió una causa en 1999 por los hechos denunciados contra Margaret Thatcher, su gabinete de guerra y las tropas invasoras británicas. (Causa que duerme el sueño de los justos desde esa fecha).
Ni siquiera se pronunciaron a favor cuando la ex Presidente de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner manifestó en tres oportunidades en el año 2012, caracterizando al hundimiento del Crucero A.R.A. “Gral. Belgrano” como un crimen de guerra.

Pero los organismos de derechos humanos sí acompañaron a algunos ex combatientes –los preferidos por la ex mandataria, el CECIM La Plata y Edgardo Esteban-, cuando éstos promovieron denuncias por “crímenes de lesa humanidad” contra militares argentinos en perjuicio de sus subordinados, que al decir del documento del pasado 24 de marzo “deben ser juzgados y condenados como parte del accionar criminal del estado terrorista”. Pero si la guerra de Malvinas se trató de la única guerra que hubo entre 1976 y 1983 ¿por qué deberían ser juzgados como parte del Terrorismo de Estado?

Precisamente, la Justicia argentina desestimó en segunda instancia (Cámara Nacional de Casación Penal), y en última instancia (Corte Suprema de Justicia de la Nación), que los abusos o delitos que hubieren cometido los militares argentinos sobre sus propios subordinados, puedan caracterizarse como crímenes de lesa humanidad, por haberse dado en el escenario de un conflicto armado internacional.
¿Por qué razón los organismos de derechos humanos insisten en reclamar se considere crímenes de lesa humanidad a los delitos cometidos durante la guerra de Malvinas por militares argentinos, cuando la causa está cerrada, y no apoyan la investigación de los crímenes de guerra británicos, cuando estos sí son imprescriptibles? ¿Acaso los 323 argentinos del Crucero A.R.A. “Gral. Belgrano” y los demás damnificados por los crímenes ingleses carecen de derechos humanos? ¿Para las madres, abuelas, hijos y detenidos- desaparecidos por la dictadura cívico militar, el sistema judicial argentino es bueno cuando les da la razón, pero es malo cuando se la niega?
Por último, nos referiremos a la identificación de los restos de los soldados argentinos fallecidos en el conflicto, que no son 123, sino 649. La mención se refiere a la iniciativa promovida por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el 2 de abril de 2012 anunció el envío de una nota al Comité Internacional de la Cruz Roja para la identificación de los soldados argentinos que yacen en el Cementerio de Darwin en tumbas sin identificar.
La iniciativa no surgió de los familiares de esos soldados, sino de un general inglés que combatió en Malvinas como Teniente Coronel de la fuerza invasora británica, Geoffrey Cardoso, y que le llegó a la ex Presidente de la mano de otro inglés, el cantante Roger Waters.

El Gobierno saliente hizo todo lo que estuvo en sus manos para que el interés genuino de algunas familias que deseaban identificar las tumbas de sus seres queridos no se pudiera lograr. En primer lugar, no respeto los protocolos internacionales para obtener el consentimiento informado de los familiares. Recién un año y medio después del primer anuncio presidencial suscribió un convenio con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para hacer las cosas como lo prescribe el Derecho Internacional Humanitario. Organizó equipos integrados por varios funcionarios públicos para realizar las entrevistas obligatorias – cuyos resultados aún faltan verificar fehacientemente, para ver si se respetaron los protocolos humanitarios-, donde más de cuarenta familias manifestaron su oposición a realizar las pericias. Utilizó su dispositivo de propaganda para explotar políticamente lo que debería ser tratado con la discreción que exige un tema sumamente delicado y de naturaleza estrictamente humanitaria. No tomó en cuenta las advertencias de incluir una cláusula en las conversaciones bilaterales o con el CICR de evitar el objetivo explícito de los británicos de utilizar la cuestión de las pericias forenses para concretar el traslado de los restos de los soldados argentinos hacia el continente, para borrar todo vestigio de la decisión argentina de recuperar las Islas. Y actuó sectariamente, al excluir a la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur (tal como lo prescribe la Ley Nº 26498, en la eventual intervención en el Cementerio de Darwin para la identificación forense).

La Causa de Malvinas es bicentenaria. Viene del fondo de nuestra historia, y como afirmó la actual Canciller, no es opcional, sino constitucional, ya que la Disposición Transitoria Primera de nuestra Constitución obliga a todo el pueblo argentino a bregar por su recuperación (lo que incluye a nuestros gobernantes). Quienes participamos en su recuperación, no lo hicimos por mandato de un gobierno, sino por la reafirmación del pueblo argentino que nos encomendó la defensa de nuestra Soberanía. Que las vanguardias esclarecidas no lo puedan entender, es su problema, no del pueblo argentino. Los muertos argentinos por la re-invasión británica de nuestras Islas en 1982, y los damnificados por los crímenes de guerra cometidos por decisión del Gobierno inglés, también tienen derechos humanos, Mal que les pese a quienes se empecinan en perseguir al enemigo interno, y absolver a sus verdaderos mandantes.

(*) Ex Soldado Combatiente en Malvinas y Apoderado de Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas)

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