La diputada Mayda Cresto (PJ – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley para incorporar al Código Penal la figura de la «instigación al suicidio» en casos de víctimas de violencia de género, proponiendo sancionar penalmente al hombre «que indujere a una mujer al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo cuando se comprobaren antecedentes de alguna clase de violencia de género definidas en la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres».


El proyecto establece un aumento de la pena de prisión de cinco a siete años -y que entonces no sea excarcelable-, para que se aplique no sólo cuando haya antecedentes de violencia sino cuando «se comprobare que el denunciado se aprovechó de cualquier situación de riesgo o condición física o psíquica en que se encontrare la víctima, por haberse ejercido contra ella cualquiera de las modalidades de violencia».

Entre los argumentos esgrimidos durante la presentación del proyecto, la legisladora señaló que «es necesario que se tenga en cuenta el riesgo de suicidio que sufren las mujeres sometidas a violencia doméstica para poder castigar jurídicamente a los hombres que ejercieron violencia contra ellas y las condujeron a tomar esa decisión».

Dicha presentación se realizó en el Anexo de la Cámara baja, donde la doctora María de los Ángeles Petit -asesora del intendente de Concordia, Enrique Cresto, y coordinadora del equipo del programa de la Municipalidad de Concordia contra la violencia de género- explicó que «el 80% de la población femenina que sufrió maltrato ha pensado en suicidarse, mientras que un 64% de ellas lo ha intentado».

Del evento participaron los legisladores Carla Pitiot (Frente Renovador), Daniela Castro (FpV-PJ), Silvana Ginocchio (Elijo Catamarca), Ariel Rauschenberger (Justicialista) y Daniel Lipovetzky (Pro), todos en abierto apoyo a la iniciativa de la diputada peronista.

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