La diputada Vanesa Siley pidió el juicio político para el presidente de la Corte Suprema

La diputada nacional por Salta, Vanesa Siley, presentó el pedido afirmando que Carlos Rosenkrantz tuvo un mal desempeño. Lo acusa de incurrir en delitos durante el ejercicio de sus funciones por sentencias en causas de lesa humanidad.

Vanesa Siley, diputada del Frente de Todos por la provincia de Salta, presentó en el Congreso un pedido de juicio político contra Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que tuvo un «mal desempeño» e incurrió en «eventuales delitos» durante el ejercicio de sus funciones.

Siley, que además es secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales e integrante del Consejo de la Magistratura, publicó un hilo en su Twitter personal donde explica los fundamentos del pedido: «El 25 de septiembre presenté un pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz».

Siley opinó que «Rosenkrantz obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas. Es responsable de cajonear la causa ‘Blaquier’ para evitar que la Corte confirme el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier por delitos de lesa humanidad. Tiene esa causa en su vocalía desde que asumió. Mientras sus familiares integran la misma fundación que los Blaquier».

Por otra parte, sostuvo que «la reciente convocatoria a la comisión Interpoderes, a la que se negó desde que es Presidente (incluso ante 7 pedidos de los organismos de DDHH), es una victoria de la democracia y de nuestras Madres y Abuelas. No de la impunidad de los responsables del Terrorismo de Estado».

Fundamentos

El pedido de juicio político consta de 229 páginas con fundamentos y sentencias firmadas por Rosenkrantz. El principal argumento es que el presidente de la Corte favoreció y aseguró «la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente. Sin dudas, esta conducta es impropia y contraria a aquella que debe esperarse de un magistrado del más alto Tribunal de la República, más aún tratándose del mismísimo presidente del mismo”.

Las sentencias que Siley menciona se relacionan con el beneficio 2×1 en los casos «Rufino Batalla» y «Muiña», y la intervención en el expediente «Ledesma».

En el caso Muiña, un condenado por delitos de lesa humanidad se benefició con el 2×1: «Los lineamientos jurídicos defendidos en el voto del señor Rosenkrantz resultan abiertamente contrarios a los lineamientos y exigencias fundamentales del derecho internacional y del derecho constitucional argentino sobre la sanción efectiva y adecuada contra los crímenes de lesa humanidad. Este magistrado ha incurrido así en un inaceptable mal desempeño de sus funciones».

La causa Ledesma trató un corte del suministro eléctrico en la usina Libertador General San Martín, en Jujuy. Corría el año 1976 y los militares sabotearon las instalaciones para secuestrar a trabajadores, estudiantes y militantes. Carlos Pedro Blaquier y Alberto Lemos se beneficiaron con la falta de mérito. Según la diputada kirchnerista, existe un vínculo entre la esposa de Rosenkrantz y un sobrino del imputado, porque ambos forman parte de una ONG.

El pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema está basado en el artículo 53 de la Constitución Nacional, que establece que la Cámara de Diputados es la única institución que puede ejercer el derecho de «acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes».

Para ser aprobado, el pedido de Siley debe contar con el aval de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Luego pasaría al Senado, donde el oficialismo es mayoría.

Juan Manuel López es diputado de la Coalición Cívica y rechazó el pedido de Siley. En diálogo con Clarín, manifestó que desde el Frente de Todos procuran «intimidar a la Corte y a su Presidente por todos los medios posibles. Como tienen número en la comisión quieren ver si paseando a Rosenkrantz por ahí lo intimidan. Pero no hay número en el recinto porque se requieren dos tercios y no hay causal. Es todo un mamarracho», sentenció.

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