La implementación del Código Procesal Penal comienza su recta final en Diputados
La Cámara de Diputados realizó un plenario de comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda y dio dictamen a los cinco proyectos de ley impulsados para implementar el nuevo Código Procesal Penal sancionado en el 2014. El oficialismo quiere llevarlo el 10 al recinto.
Se trata de cinco proyectos de ley que ya fueron debatidos en la comisión bicameral encargada de monitorear la legislación nacional para que se pueda instrumentar el CPP que reemplazará al Código Levene a partir del primero de marzo del año próximo. A su vez, el Senado ya le dio la media sanción por lo que el 10 de junio podría ser sancionado como ley.
Las iniciativas son las modificaciones a ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, la ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal. Además de las modificaciones complementarias al Código Penal.
El pasaje del trámite judicial inquisitorio a uno de forma acusatoria fue una de las mandas que dejó establecida la reforma de la Constitución en el 94. Los aspectos centrales de esta norma son la oralidad en los juicios, la publicidad de los actos, mediación y la contradicción.
El CPP es el contexto en el cual se instrumenta la Justicia penal. Su importancia es clave en el ordenamiento del derecho y en cómo debe relacionarse la contundencia real del Poder Judicial en la materia. Se debe a que el Estado es el único actor con la facultad para aplicar el poder punitivo manifiesto. Pero esa potestad no es ilimitada, sino que está acotada a los márgenes de la ley y tiene que ser ejecutada conforme al debido proceso que determina el código en cuestión, aunque en la práctica existan instituciones que se excedan.
En la administración de justicia, los procedimientos están categorizados dentro de dos tradicionales modelos de acción (sistema inquisitorio y acusatorio). En ellos se expone la relación del Estado con sus miembros. A su vez existe una tercera categoría (denominada mixta), que se nutre de cada corriente.
Luego del estreno, hasta ahora el primero de marzo, el Procesal comenzará a consolidar la transición del Código Levene a un sistema acusatorio, alejándose de la mixtura con base inquisitorial que predomina hoy. Dicha transformación aspira a remediar uno de los más firmes resabios de la Corona española. Para dimensionar la situación, ya la ley madre de 1853 establecía esa necesidad, pero a pesar de varios intentos no se había concretado en la historia argentina.