La organización “Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional” denunció esta mañana en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El motivo fue que nunca más volvieron a tener un espacio para brindar una charla denominada “Adoctrinamiento en las escuelas”.

La misma iba a realizarse en el parlamento porteño en el mes de septiembre del año pasado pero fue suspendida luego de que la legisladora Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, repudiara esta iniciativa. El motivo fue que, según ella, el presidente de esta organización, José Magioncalda, es un negador de los 30.000 desaparecidos por parte de la última dictadura.

Tras haber transcurrido más de nueve meses de aquella suspensión y al no haber sido reprogramada, el titular de la entidad denunciante se trasladó hasta el INADI para ampliar la denuncia original presentada oportunamente el año pasado. En ella, se dirige contra el referente del gremio docente UTE, Eduardo López, y la propia Victoria Montenegro.

A través de un comunicado, “Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional” explicó que la institución “jamás negó la existencia de los crímenes de lesa humanidad, aunque sí ha cuestionado el carácter partidario de ciertos organismos de derechos humanos, generando enojo en cierta dirigencia kirchnerista con una solicitud de información pública, dirigida al Estado Nacional, sobre el número de víctimas de delitos de lesa humanidad, que arrojó un resultado sensiblemente inferior al de 30 mil desaparecidos”.

Sobre la razón de su denuncia, José Magioncalda aseguró que “en un principio, consideré que las autoridades de la Legislatura habían suspendido el evento académico programado, en razón de lo intempestivo del accionar gremial y de la violencia que ello podría haber generado”. Pero cuando pidió que se fijara una nueva fecha no recibió respuesta alguna.

Consideró que, en definitiva, terminó “convalidándose de ese modo la suspensión sine die”. Y advirtió que “la actitud discriminatoria de la Legislatura porteña no hace más que convalidar un accionar gremial basado en la presión para que no se realice una actividad académica como consecuencia de las opiniones políticas que se le atribuyeron”.

Por su parte la legisladora Victoria Montenegro opinó que “resulta inadmisible dar lugar a estos posicionamientos negacionistas en la misma casa legislativa que ha reconocido en innumerables declaraciones la magnitud del terrorismo de Estado y ha valorado la lucha de los organismos de Derechos Humanos”. Agregó que “actividades como estas significan un gran retroceso del proceso de Memoria, Verdad y Justicia que la sociedad argentina abraza con irrenunciable compromiso”.

Fuente El instransigente

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