Ante un nuevo y conmovedor logro de las víctimas de abuso sexual eclesiástico con la contundente sentencia en el caso Próvolo en Mendoza, que se inscribe en un contexto nacional e internacional de un imparable avance público de las luchas que venimos llevando adelante las víctimas.

Como sobreviviente de abuso sexual eclesiástico, que pude lograr un ejemplar juicio y condena penal de quien fuera mi abusador en el Colegio Marianista de la Ciudad de Buenos Aires más de veinte años después de ocurridos los delitos.

Tras haber llevado adelante un duro y largo camino en búsqueda de reparación y justicia con un intento de silenciamiento por parte de la Congregación de los Hermanos Marianistas (situación que pusiera en conocimiento de la jerarquía católica de la Ciudad encabezada por el cardenal Jorge Bergoglio).

Y también como orgulloso y esperanzado cofundador de la Asociación Civil Adultxs por los Derechos de la Infancia (colectivo de lucha contra el delito de abuso sexual conformado por adultos sobrevivientes y adultos protectores de niñes en el presente, con el que llevamos adelante desde hace años una riquísima tarea de visibilización pública de esta injusticia por todo el país, junto con una muy intensa labor de acompañamiento a sus víctimas.

Por todo ello, quiero reiterar nuestro desafío público e interpelación crítica al Papa y al Episcopado argentino, donde una parte importante de los obispos fueron designados por Francisco, para que, de una buena vez, convoquen y reciban públicamente a víctimas y luchadores de Argentina tanto en la sede del Estado Vaticano como en la ciudad de Buenos Aires.

Es una convocatoria que los Adultxs por los Derechos de la Infancia seguimos planteando desde nuestro compromiso y concepción ético y política «niñista», que implica la absoluta supremacía de la defensa de la infancia y sus derechos frente a cualquier otra consideración, como un demoradísimo y elemental gesto concreto que en sus casi siete años de papado Francisco no ha querido realizar (mientras que sí ha convocado y recibido a un variopinto universo de actores políticos, sindicales, sociales, deportivos y culturales de la vida Argentina).

A nuestro juicio, debería simbolizar tanto un intento genuino y respetuoso de iniciar una política de escucha y reparación hacia las víctimas, como un urgente cambio de las aberrantes políticas de complicidad y encubrimiento institucional con los agresores.

Resulta inadmisible, por ejemplo, que al día de hoy pedófilos juzgados y condenados por la Justicia como Julio César Grassi continúen siendo sacerdotes.

Así también propiciamos la asunción humilde e impostergable de un inexcusable compromiso de trabajo de la Iglesia Católica en defensa de la infancia frente al delito de abuso sexual en el ámbito de la plural y diversa sociedad civil argentina, de la que el catolicismo es parte activa, gozando de un injusto status de privilegio institucional, como un histórico y muy importante actor y con grandes responsabilidades en espacios claves para la vida de la infancia como el educativo, y en el marco de la plena vigencia democrática de los mandatos y paradigmas de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de leyes, como la de Educación Sexual Integral, que reconocen y posicionan a la infancia como sujeto de derecho.

(*) Víctima de abuso sexual contra la infancia. Cofundador y presidente de la asociación civil Adultxs por los Derechos de la Infancia.

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