La Oficina Anticorrupción (OA) presentó el pedido de elevación a juicio contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex subsecretario de Coordinación y Control, Roberto Baratta, el ex secretario de Minería, Jorge Mayoral y otros 16 imputados por fraude contra el Estado por manejos irregulares de fondos públicos.

La maniobra, llevada a cabo entre enero de 2008 y enero de 2016, consistió en la obtención ilegítima de fondos provenientes del Ministerio de Planificación y del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT) y su manejo a través de la Facultad Regional Santa Cruz (FRSC) y la Fundación Facultad Regional Santa Cruz. El dinero fue canalizado mediante distintos convenios para obras que tenían como fin reactivar la actividad minera y producir energía.

“El perjuicio a las arcas del Estado Nacional ascendió, en principio y cuanto menos, a la suma de ciento setenta y seis millones setenta y cuatro mil pesos ($ 176.074.373,92), componiéndose dicho importe de los montos efectivamente recibidos por la FRSC y la Fundación por “gastos administrativos” reconocidos en los convenios investigados, que ascienden a noventa y un millones novecientos noventa mil pesos ($ 91.990.804,92) y ochenta y cuatro millones ochenta y tres mil pesos ($ 84.083.569,00), respectivamente”, detalla el escrito de la OA.

La maniobra incluye más de 450 convenios en los cuales se les reconocieron a la Facultad y la Fundación “gastos administrativos” del Yacimiento Río Turbio en un 21%, sin que ninguna de las dos haya agregado valor a los servicios convenidos.

Para la OA, está acreditada la responsabilidad de De Vido dado que “existen numerosas constancias probatorias que dan cuenta que existía un constante intercambio entre el Ministerio y YCRT en lo relativo a la asignación de fondos y manejo de las partidas asignadas, con indicación incluso expresa del destino que se debía dar a las mismas”.

La Cámara Federal, al momento de confirmar su procesamiento, señaló que “Julio Miguel De Vido, en abuso de sus funciones, comprometió los intereses confiados al avalar la utilización de los convenios entre Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y la Facultad Regional Santa Cruz y Fundación Facultad Regional Santa Cruz a partir de los cuales se canalizaron los fondos que implicaron un lucro indebido generando un menoscabo al patrimonio estatal y un detrimento sostenido del complejo minero. Pese a las millonarias sumas transferidas para cumplir dicha finalidad, el estado de complejo YCRT evidencia, cuanto menos, la ilícita administración del dinero así comprometido”.

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