Juntos por el Cambio abandonó este martes una reunión de la comisión Bicameral de Tramite Legislativo impugnando el tratamiento de un DNU dictado en el gobierno de Mauricio Macri que ya habia sido dictaminado por el cuerpo. «No existe impedimento legal para hacerlo», retrucó la senadora Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos-Mendoza).

«Una vez que la comisión dictamina la competencia es de las Cámaras y no es legal volver a tratarlo. La ley pone plazos para poner a consideración los DNU y están vencidos. Deberían reconsiderar su posición», dijo el radical Gustavoo Menna (Chubut) anticipando la salida del bloque mayoritario de la oposición.

Acto seguido, la senadora por Jujuy Silvia Giacoppo adelantó que iban a retirarse de la «comisión porque no estoy dispuesta a seguir estando fuera de la ley y la Constitución tratando decretos que ya están dictaminados».

En otro sentido, el presidente de la comisión, Marcos Cleri (Frente de Todos-Santa Fe) explicó que «el DNU 1053/18 es inválido porque es una modificación presupuestaria que modificó los presupuestos del 2018 y comprometió los siguientes, tratando de transferir una pérdida de una empresa a todos los argentinos», aseveró.

En sintonia, el senador del oficialismo Daniel Lovera (La Pampa) remarcó que «se trata de uno de los sectores que más aumentaron el volumen de negocios. Esto es lo que dijimos cuando dictaminamos por minoría por el rechazo de este DNU», sentenció.

Por otra parte, pasaron a la firma los decretos 277/20 y el 278/20, que disponen la intervención del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hasta el 31 de diciembre de 2020.

El diputado Pablo González (Frente de Todos) respaldó los decretos basándose en «los aumentos desmedidos de tarifas durante la gestión anterior”, y expresó que “ENRE no cumplió con ninguno de los objetivos que planteó en su constitución».

Luego, el senador Guillermo Snopek (Frente de Todos) se refirió al decreto 214/20 de modificación del artículo 14 de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional, que prohíbe la participación de los organismos de Inteligencia como auxiliares de la Justicia; así como también al decreto delegado 540/20, que prorrogó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por 180 días, encabezada por la interventora Cristina Caamaño.

«El decreto 540 es volver a darle a los organismos de inteligencia el marco legal que había sido derogado. Lo que buscaba es reestablecer la normativa jurídica y buscar la transparencia para el uso de los recursos», sostuvo el senador oficialista.

En cuanto a la prórroga del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) se validaron los DNU 493/20, 520/20 y 576/20.

Finalmente, la bicameral pasó a la firma el DNU 569/20 que extendió hasta el 31 de julio el régimen de regularización de deudas tributarias.

En ese sentido, la senadora Anabel Fernández Sagasti (FdT) expresó que «se trata de la prórroga del régimen de MiPyME» y recordó que -el marco de la emergencia económica- el Congreso sancionó un régimen de regularización de deudas que «luego la pandemia volvió muy compleja de afrontar».