19 de abril de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

La pandemia es el otro. Por Alejandro Bercovich

El blooper del Gobierno con Vicentin fue tan aparatoso y su marcha atrás tan descoordinada que Alberto Fernández estuvo a punto de convocar una conferencia de prensa para anunciar este mismo fin de semana que su diagnóstico inicial había sido equivocado y que renunciaba a la idea de expropiarla. Lo frenaron a tiempo, porque solo habría logrado despilfarrar todavía más capital político y no habría desanudado la maraña que en las próximas horas puede empezar a ordenarse si prospera el reclamo oficial ante el fuero contencioso administrativo para que corra del medio a Fabián Lorenzini, el juez de Reconquista que los accionistas de la acopiadora concursada usaron casi como escudo humano durante el último mes.

El Presidente decidió darle una última oportunidad a la «salida santafesina» para Vicentin cuando habló el domingo pasado con el diputado socialista Luis Contigiani, exministro de Producción de su provincia, que lo convenció de que puede haber respaldo también fuera del peronismo para una gestión público-privada encabezada por la Nación, apoyada por las cooperativas y sin los directivos que estafaron al Banco Nación, a varios pesos pesado de Wall Street y a más de dos mil productores. Contigiani respondió durante 31 minutos las preguntas que Fernández formuló al altavoz del celular de Leandro Santoro, artífice del encuentro, pero lo convenció con una frase.

—Lo que no podemos permitir es que gane el PRO. Que quede como un asunto entre privados y que se instale la idea de que el Estado no puede intervenir o de que está mal que intervenga. Acá lo que está en crisis es el modelo de comercio de granos que impuso Cavallo en 1991.

Son las grandes paradojas de la política argentina: cuando el exministro de Economía menemista disolvió la Junta Nacional de Granos y moldeó a gusto de las multinacionales el esquema que rige hasta hoy al negocio más competitivo de la economía local, el propio Fernández conducía la Superintendencia de Seguros apadrinado por él. Era otro, por supuesto.

—Yo no quiero estatizar por estatizar. No estoy enamorado de ningún instrumento. Quiero recuperar la empresa y jugar un rol en el mercado. Pero para eso necesitamos entrar -le dijo a Contigiani. Entrar quiere decir manejar la empresa. Y que el concurso deje de tramitarse en Reconquista, de donde también reclaman sacarlo el ING Bank, el Rabobank y la poderosa Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, que reclaman juntos casi U$S 500 millones.

Un dato genealógico explica por qué todos los acreedores tienen tanto apuro por sacar el caso del pago chico al que aluden como » Vicentinlandia». El fiscal Leandro Mai, a quien Lorenzini giró esta semana las actuaciones para determinar si había ilícitos en el accionar de la empresa, está casado con Natalia Caparelli, la concejal radical que presentó un proyecto de declaración para declarar «el total rechazo a la intervención y al proyecto de expropiación» por considerarlo «inconstitucional e ilegal». El propio Lorenzini trabajó durante 18 años como asesor letrado de la sucursal del Banco Nación en el pueblo e inicialó al menos tres de los créditos luego defaulteados por Vicentin antes de asumir como juez, un cargo en el que apenas lleva 17 meses.

Las irregularidades del concurso son tantas y tan groseras que mantener a Lorenzini al frente parece cuesta arriba hasta para los dueños de media provincia. Los escribanos de la SIGEN, por ejemplo, verificaron que en el cuartel general de Avellaneda no había Libro Diario ni registro de Sueldos y Jornales, dos requisitos básicos que se le piden hasta a un kiosco. También comprobaron que desde ahí se administraban Buyanor S.A., Algodonera Avellaneda S.A, Oleaginosa San Lorenzo SA, Renopack, Sir Cotton SA, Emulgrain SA, Sottano SA, Servicios Fluviales SRL, Rio del Norte SA, Vicentín Desarrollos SA, Sudestes Textiles SA y Diferol SA, aunque los enjuagues societarios ocultan su propiedad tras empresas offshore. Lo más difícil de explicar es que falte el balance consolidado 2019. Sin él, jamás debió haberse abierto el concurso.

Mesa de galanes

Sobre la acopiadora y su futuro habló bastante Máximo Kirchner en la mansión de Jorge Brito en San Isidro, el lunes de la semana pasada, en la reunión secreta que organizó Sergio Massa para que un grupo de pesos pesado del establishment conociera al líder de La Cámpora. No hicieron falta permisos de circulación truchos -como los de la novia del jefe de gabinete de Sergio BerniVerónica Ojeda– porque casi todos los comensales viven ahí cerca, en el corredor norte. Estaban el zar energético Marcelo Mindlin, el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, el petrolero Marco Bulgheroni y el constructor Hugo Dragonetti, que pasó una semana preso por la causa de los cuadernos.

Acevedo y Bulgheroni llegaron juntos y no esperaban encontrarse jamás con Marcelo Mindlin, a quien dos días después bañaría en elogios el propio Fernández en la inauguración de una usina eléctrica de Pampa Energía. Pero ahí estaba, silencioso y cordial, junto con Massa y con Eduardo «Wado» de Pedro, a quien sí conocían de actos protocolares. Casi como si no le hubiera comprado la constructora a la familia Macri en un pasamanos polémico y muy oportuno para el expresidente.

Los empresarios se dedicaron casi exclusivamente a escuchar. La voz cantante la llevaron el joven Kirchner y Massa, quien toleró incluso con su mejor sonrisa cuando el jefe de la bancada oficialista lo interrumpió y le reprochó lo mucho que le gusta «el show off». El tigrense jugaba de local en lo de Brito padre, donde se quedó incluso para el café una vez que todos se fueron. Siguió como si nada.

El primogénito de Néstor y Cristina dio por hecho que la renegociación de la deuda terminará bien. «Nos dijeron que ibamos a estar discutiendo 70 centavos y acá estamos, en 50 centavos», canchereó. Sobre Guzmán, a quien los empresarios no consideran más que un secretario de Finanzas, fue parco pero cálido. Nada hace pensar que vaya a dejar su cargo después de la negociación, aunque tampoco que vayan a encomendarle otras responsabilidades que hacer lo mismo pero con el FMI.

Kirchner también habló de la reforma judicial, que el Presidente quiere retomar para marcar de vuelta el pulso de la agenda. Pero sobre todo habló de la pandemia de Covid-19, en un tono de hombre de Estado que impresionó a sus interlocutores y con conceptos que los sacudieron, como cuando advirtió que «hasta que no haya vacuna, no va a haber post-pandemia». La mayoría, en verdad, tenía expectativas muy módicas, alimentadas por el prejuicio mediático del heredero pegado a la Playstation.

Covid or not Covid

Los empresarios quieren que ceda la cuarentena pero no saben cómo. Techint Ingenieria y Construcción, por ejemplo, ya cuenta 824 casos en total entre propios y contratistas en todos los países donde opera. De los 361 casos activos, el 75% son en Brasil, 11% en Ecuador, 7% en Perú y 7% entre Chile, México y Argentina.

Hace poco dio positivo la enfermera que daba las vacunas antigripales en los consultorios de APSOT (la obra social para el personal superior de la Organizacion Techint) y Paolo Rocca entendió que era complicado ablandar el aislamiento. Por eso desde esta semana, en la filial local, solo van a las oficinas los gerentes y directores. El permiso se saca aduciendo «Obra Pública» ya que Techint está realizando trabajos para ADIF (la empresa estatal de ferrocarriles). Lo curioso es que ADIF está cursando intimaciones por incumplimiento a la UTE formada junto a Panedile y Siemens, y que hasta hace poco se estaba estudiando la rescisión del contrato.

La pandemia, hasta que haya vacuna, será un problema como advirtió el diputado Kirchner a los empresarios. Pero todos quieren que sea el problema de otro. No siempre se puede.

Alejandro Bercovich es economista y periodista

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