El último informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano destaca que la reestructuración de la deuda pública constituye el principal condicionante del futuro de la economía y la política argentinas.

“Poco o nada se conoce aún respecto del enfoque que se dará a dicha restructuración. Queda como alternativa hurgar en las ideas del actual ministro de Economía, Martín Guzmán, antes de serlo. En tal sentido, se cuenta con su presentación ante la UNCTAD de noviembre pasado. En aquella ocasión, su propuesta central era suspender los pagos de capital e intereses durante 2020 y 2021, para avanzar en la generación de superávits gemelos que permitieran hacer frente a los compromisos de la deuda reprogramada, a partir de 2022”, observa Víctor Beker, director del CENE.

“Para reperfilar la deuda de acuerdo con dichos lineamientos, ya como ministro, especificó un horizonte para el 31 de marzo. Es la tarea actual del ministro convencer a la mayoría de los acreedores de que se trata de la única alternativa a la declaración unilateral del default y la interrupción de pagos por tiempo indeterminado”, continúa el economista.

Sin embargo, su análisis subraya que la experiencia de lo ocurrido con la deuda de la provincia de Buenos Aires es indicativa de que la propuesta de suspender pagos por dos años es inviable. “En el caso de la provincia, ni siquiera fue aceptado diferir pagos por tres meses. ¡Ni qué hablar de dos años! Por lo tanto, se supone que, al igual que sucedió con la provincia, se dará un más o menos prolongado intercambio de ofertas y contraofertas”.

Al respecto, Beker postula que “la reestructuración de la deuda debe posibilitar que los pagos anuales sean compatibles con el superávit primario y el de cuenta corriente”. Y, para concluir, recuerda que, en los últimos procesos de reestructuración, las quitas fueron del 10% en el caso de Uruguay; del 35%, en el de Ucrania, y del 46%, en el de Argentina en 2005, mientras que, en el de Puerto Rico, la propuesta presentada por el gobierno de la isla a los acreedores contempla una quita del 48%.

Hernán Murúa

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