La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su ex canciller Héctor Timerman apelaron ayer ante la Cámara Federal de Casación Penal sus procesamientos en el marco de la causa por presunto encubrimiento de Irán en la investigación del atentado a la Amia.

El máximo tribunal penal del país deberá decidir si confirma o revoca los procesamientos.

La abogada de la senadora nacional y el ex canciller en el caso, Graciana Peñafort, presentó el pedido a raíz del fallo de la Sala II de la Cámara Federal, que había confirmado los procesamientos con prisión preventiva.

A pesar del receso judicial de verano, apenas reciba el recurso la Cámara lo trasladará a la Casación, que no tiene plazo establecido para resolver sobre los procesamientos.

En primera instancia, el Juez Bonadio dispuso enviar el expediente en consulta a la fiscalía, a cargo de Eduardo Taiano, y a las defensas y querellas, para enviar el caso a juicio oral y público.

En función de ello, los plazos para que las partes hagan sus requerimientos a favor o en contra de que la causa pase a juicio empiezan a correr desde mañana, fecha a partir de la cual se habilitó el trámite durante la feria.

Los camaristas explicaron: “En definitiva, por sobre el arraigo, vínculos familiares y la actividad de presentarse al ser convocados (que todos exhibieron), lo expuesto en la presente revela la existencia de razones fuertes de diferente tenor que, con arreglo a los lineamientos impuestos por la ley y a la aplicación que de ellos ha propiciado afianzada jurisprudencia de la sala, justifican holgadamente la presunción de riesgo procesal”.

Para justificar la decisión, indicaron que “la gravedad de los cargos que pesan contra los imputados es indudable” y que “las evidencias sobre el modo de ejecución de los hechos y sus características demuestran, por todos lados, que se usó cualquier medio al alcance para evitar dejar rastros del delito”.

Por otra parte, hicieron lugar al pedido de la ex mandataria nacional para que se quite la figura de “traición a la Patria” en el procesamiento que pesa en su contra y en el resto de los acusados por entender que ese ilícito requiere de una declaración de guerra.

Además, también ratificaron el embargo de 50 millones de pesos en su contra que había sido dictado por el juez Bonadío semanas atrás.

La ex jefa del Estado está acusada de “impartir personalmente las instrucciones al resto de los imputados” para “favorecer a los acusados iraníes” a través de la firma del acuerdo bilateral con Irán, que nunca se aplicó y fue declarado finalmente inconstitucional.

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