El conocimiento ha pasado a ser el bien más preciado para generar valor agregado, progreso económico y empleo de calidad para los habitantes de un país.

Los argentinos tenemos un enorme talento innovador: tres premios Nobel en ciencias y la invención del helicóptero, el magiclick; el desarrollo del sistema de lectura de huellas dactilares, el bypass coronario, la transfusión sanguínea, el semáforo para personas no videntes, la birome, por mencionar algunos y más recientemente, la creación de empresas como Mercado Libre, Globant, Satellogic y Bioceres.

Los actores que emprenden, investigan e innovan en nuestro país están demandando una protección adecuada para estimular el ecosistema innovador. La ley de economía de conocimiento y el reciente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea son pasos importantísimos en tal sentido. Sin embargo, todavía nos falta el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT): una vía rápida y económica para solicitar patentes.

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), ente que administra y otorga los derechos de patentes, diseños industriales y marcas, viene trabajando con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y con más de veinte universidades públicas y privadas, para brindar apoyo, educación y asistencia en aspectos de información Tecnológica, conformando la red de Centros de Apoyo a la Tecnología y a la Innovación (CATI), al que también se han incorporado UBATEC, el INTA y el INTI.

En línea con los beneficios que se buscan para el mundo científico y productivo, los investigadores del país de varias universidades públicas y privadas, la Fundación Sales, la Asociación Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial (AAAPI), la Cámara Argentina de Agentes de la Propiedad Industrial (CAPIRA), la Cámara de la Pequeña Empresa (CAME), la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI), la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), además de todas las Cámaras de comercio extranjeras en el país, y empresas abocadas a la tarea de la investigación, tales como Bioceres, YPF e Y-TEC, han manifestado su rotundo apoyo a la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Este convenio, que cuenta con la adhesión de 152 países, facilita la presentación de solicitudes de patentes en forma simultánea en diferentes países como un mecanismo alternativo al sistema nacional de patentes sin interferir con éste.

En América Latina, solo la Argentina, Venezuela, Bolivia, Uruguay (quien ya tiene el proyecto en su Congreso) y Paraguay están aún fuera de este sistema. Ello nos obliga a presentar tantas solicitudes de protección para los inventos como cantidad de países donde quieren protegerlos a un costo elevadísimo. En cambio, mediante el sistema PCT se puede tramitar una sola solicitud inicial, pudiendo designar hasta 152 países para la protección, con un costo aproximado de U$D 5.000, mientras que, para nuestros nacionales, presentar una solicitud de patente en hasta 50 países tiene un costo estimado de U$D 150.000.

Una vez ratificado este convenio en nuestro país, tendrá un efecto inmediato en cuanto a la reducción de costos, la simplificación de la presentación de solicitudes, la búsqueda y el examen de patentes para los argentinos en todos aquellos países miembros del Acuerdo. Además, facilitará la divulgación y la transferencia de la información tecnológica contenida en las solicitudes de patentes.

Es importante aclarar y enterrar definitivamente un mito instalado en el inconsciente colectivo de algún sector productivo que es que el PCT no concede «patentes internacionales»: la tarea y la responsabilidad de conceder el derecho de patente compete de manera exclusiva a las oficinas de cada uno de los países donde se busca la protección o de las oficinas que actúan en nombre de esos países y la de la Argentina detenta una de los más altos estándares, resultado de la dedicación de los funcionarios, examinadores y empleados.

La ausencia del acuerdo genera en nuestro país una desventaja competitiva notoria (económica y de tiempos) para los inventores y emprendedores argentinos respecto de sus pares de los países que adhieren, quienes al tener acceso a este instrumento obtienen protección en forma más rápida, económica y eficaz.

Es de esperar que nuestros legisladores adviertan el enorme beneficio que traerá a nuestros innovadores e inventores que la Argentina ratifique el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y sancione la ley cuanto antes. Estamos ante una gran oportunidad que no debemos desaprovechar.

Por Damaso Pardo – Presidente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

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