Metrovías, que opera el servicio de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires desde 1993, es la única oferente para quedarse otra vez con la concesión por 12 años. El Grupo Roggio se quedó sin competencia luego del abandono de la francesa Keolis. Pero, en la Legislatura porteña existen cinco proyectos de ley presentados por varios bloques opositores, que proponen, con variantes, trasladar la operación de la red al Estado.

«El transporte subterráneo de la ciudad no puede ser visto como un negocio, sino como un servicio que respete derechos fundamentales que el Estado debe garantizar, como la seguridad«, dijo a Lorena Pokoik, coautora del proyecto presentado por el FdT en noviembre de 2018, que propone una «reestatización bajo el control de los trabajadores y usuarios«. En esta propuesta, Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase) sería la operadora del servicio y tendría un directorio conformado por 10 miembros: cinco del Poder Ejecutivo porteño, dos representantes de los trabajadores, dos de los usuarios y uno designado por la Legislatura de la Ciudad.

Inés Gorbea, de la UCR, es autora de otro proyecto que fue presentado en mayo de 2019 y plantea que la operación y el mantenimiento del subte sean prestados «exclusivamente por el Poder Ejecutivo a través de Sbase«. El Frente de Izquierda presentó en mayo un proyecto de ley para que el subte sea controlado y gestionado por sus trabajadores y usuarios a través de un nuevo organismo: Subterráneos del Estado de Buenos Aires (SEBA), que reemplazaría a Sbase.

En un sentido similar, la legisladora Marta Martínez, de Autodeterminación y Libertad, presentó en agosto de 2019 un proyecto para un «subte público dirigido por trabajadores y usuarios» en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano de la Ciudad y con tres expertos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.

El legislador Sergio Abrevaya, del GEN, presentó por su parte un proyecto de ley que otorga la concesión del subte a la empresa Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), cuyo accionista principal es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que administra, desde 2009, la red de autopistas porteñas y los puentes de conexión con la provincia.

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