Alfredo Luenzo, titular de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, exhortó al Gobierno Nacional y a los Diputados a darle continuidad al debate sobre la ley en Comunicaciones que obtuvo media sanción en Senado en julio pasado, luego de que el Poder Ejecutivo publicara el DNU que modifica nuevamente la normativa en el sector y traslada frecuencias de telefonía móvil de la empresa satelital pública Arsat al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para ponerlas a disponibilidad del sector privado.

El senador nacional por Chubut recordó que la cámara alta aprobó una «muy buena ley» el año pasado que contó con amplio consenso y que aportaba una «cuota de federalismo muy alta, que es lo que no tenía el primer proyecto enviado por el ejecutivo».

Por ello, sostuvo que es «oportuno» a pesar de la publicación del decreto 58/19 que se de continuidad al debate en la Cámara de Diputados y apeló a que se apruebe la normativa que se acordó en el Senado entre la oposición, el oficialismo y los funcionarios nacionales.

“El decreto reconoce que el Congreso está en debate sobre los cambios en el marco jurídico pero alega una urgencia que imposibilita esperar el trámite ordinario de sanción de las leyes. No está clara la urgencia. La ley se podría aprobar en marzo tranquilamente ya que tiene media sanción de Senado, con lo cual establecemos para el sector reglas de juego claras que permitirán generar inversiones y puestos de trabajo en todo el país. Hay que darle un marco institucional y normativo adecuado a las telecomunicaciones”, agregó.

Una ley de contenidos

Asimismo, Luenzo afirmó que «lo que estamos necesitando seriamente en la República Argentina es discutir y debatir una ley de contenidos en el Congreso para cuidar nuestra industria audiovisual» y remarcó: «no podemos seguir hablando solamente de infraestructura».

El legislador subrayó que se está necesitando «unificar la regulación en materia de contenidos audiovisuales y dotarlos de un modelo con fuerte identidad federal, que exprese la diversidad cultural de la Argentina y la pluralidad en cada rincón del país” ya que el decreto 267/15 derogó el marco regulatorio que estaba estipulado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (ley 26.522) y dejó «una laguna en ese sentido».

“Tenemos que darle una respuesta al reclamo de diversos sectores vinculados a la sociedad civil y al mundo audiovisual como cineastas, actores, directores y productores de televisión, compositores, músicos y entidades gremiales que nuclean a los trabajadores, que piden recuperar la legislación que el decreto de 2015 dejó en una laguna y que al mismo tiempo contenga los desafíos que está presentando el avance tecnológico”, agregó.

Además, el chubutense subrayó la necesidad de debatir «cuál es la política en los medios públicos frente al vaciamiento que se está observando».

Por otro lado, Luenzo lamentó la decisión del Poder Ejecutivo de crear mediante un DNU la figura de Extinción de Dominio ya que representa «un fuerte retroceso institucional» y que pone en duda «la certeza de aplicabilidad».

«El Poder Ejecutivo no puede legislar. En su lugar, puede convocar a sesiones extraordinarias en menos de 10 días. Le pedimos al gobierno nacional que convoque al Congreso para acordar un proyecto con la oposición. Todos, tanto oposición como oficialismo, queremos dotar a la justicia con esta herramienta pero asegurando que contemple su congruencia con nuestro ordenamiento jurídico», afirmó Luenzo.

En ese sentido, el chubutense sostuvo que el Bloque Argentina Federal «ya expresó en el Senado que no compartimos los criterios que hoy están anunciando con este DNU» atento a que «según los especialistas que han venido al Congreso hay un riesgo que lluevan las demandas o las cautelares».

«Por eso desde la oposición hemos dado media sanción a una iniciativa que le da esta herramienta a la justicia pero asegurando que nadie puede poner en duda la decisión del juez», agregó.

Luenzo sostuvo que la Extinción de Dominio requiere «una reforma del Código Penal para que esta figura que proviene del derecho extranjero tenga inserción en nuestro orden jurídico» y que por ello la iniciativa de la oposición es una «buena ley que debemos seguir debatiendo en el Poder Legislativo».

Por el contrario, el senador lamentó que el Poder Ejecutivo «no escuchó a la oposición» y por el contrario «anunció un DNU que saca del fuero penal la potestad de dictar la extinción de dominio en medio de una causa penal y lo manda a la justicia civil, que incluso antes de que haya condena puede disponer de la propiedad, algo que no condice con el sistema jurídico argentino», añadió.

Luenzo indicó que la figura de extinción de dominio requiere de «una etapa de proceso penal consistente» donde «haya prueba para poder disparar la acción».

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