Marcelo Ramal contra el traspaso del Banco Nacional de Datos Genéticos

Este martes a las 18 habrá una audiencia pública en el Salón Juan Domingo Perón de la Legislatura porteña por el traspaso del Banco Nacional de Datos Genéticos (actualmente en el Hospital Durand) a una nueva dependencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Entre otras cosas, se presentará un proyecto de resolución del legislador porteño del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Marcelo Ramal para que el Gobierno porteño preserve la autonomía del Banco y estabilidad del personal.
Asimismo, rechaza las limitaciones de los artículos 2 y 5 de la ley nacional 26.548 donde “se reduce la competencia del Banco de Datos Genéticos al esclarecimiento de delitos cometidos antes del 10 de diciembre de 1983, excluyendo, por ejemplo, los casos de desaparición de personas con posterioridad a esa fecha, como los de Julio López, Luciano Arruga y Marita Verón”.
También, Ramal afirma que se quita el acceso a quienes investigan su filiación que no nacieron en la etapa fijada por ley, “quienes van a laboratorios privados para hacer efectivo su derecho a la identidad”.
El diputado de izquierda denunció: “se produce en un contexto de sucesivos pactos entre los gobiernos de Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, como la disolución del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) a pedido del gobierno nacional”.
Según Ramal, está “en sintonía con las políticas oficiales en derechos humanos del kirchnerismo para construir una historia oficial sobre intereses propios, ajenos a los del movimiento de los organismos de derechos humanos independientes”.
El documento fue elaborado, entre otros, por María Isabel “Chicha” de Mariani, Elsa Pavón y Mirta Baravalle, fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo junto a numerosos afectados, víctimas y familiares de niños apropiados bajo la dictadura militar, militantes, organismos de derechos humanos y trabajadores del laboratorio.
El tema estuvo trabado en la Justicia hasta que el pasado 6 de junio la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal avaló el traslado a un edificio dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología porque “en nada se malograrían en principio el estado de las muestras, documentos y registros”.

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