Más por la memoria

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aitres, Mauricio Macri, presentó un proyecto de ley para que la Legislatura porteña avale el convenio firmado con el Gobierno Nacional, para que la administración central controle todos los ex centros de tortura de la última dictadura militar.
Por febrero, el jefe de Gabinete de la Nación Jorge Milton Capitanich y la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, firmaron un convenio donde la administración macrista cedió a la kirchnerista el manejo de todos los centros de detención clandestina de la dictadura militar y que ahora son espacios para la memoria.
En este esquema se encuentra los predios de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Virrey Cevallos, Club Atlético, Olimpo y Automotores Orletti ( Ahora dependerán de la administración nacional, al igual que todo su personal).
Junto al convenio, se presentó una iniciativa para disolver el ente autárquico Instituto Espacio para la Memoria (IEM) que administra los espacios.
Pero, si bien se pide la derogación de la ley que lo creó y disolución del organismo, se garantizará la continuidad laboral de todo el personal.
Así, el Gobierno de la Ciudad otorga al Gobierno de la Nación la administración de los excentros de detención por 30 años y cede el mantenimiento de los edificios, como también contrataciones de obras y servicios, entre otras tareas ahora ejercidas exclusivamente por el Poder Ejecutivo Nacional.
En concreto: el acuerdo implica el pase del ex Edificio de Casino de Oficiales, Pabellón Central, Imprenta, Taller Mecánico y Enfermería de la ex Escuela de Mecánica de la Armada ( exESMA), todos en Avenida del Libertador 8151 al 8461. A su vez, se trasladará a la Nación el centro Automotores Orletti, Venancio Flores 3519/21, y El Olimpo, Ramón Falcón 4250 (ambos en Floresta); Club Atlético, de Paseo Colón 1200 (San Telmo-Puerto Madero) y Virrey Cevallos, de la calle homónima con el número 628/630 (Montserrat).
Al discutir los dos gobiernos, un grupo de legisladores porteños y algunos referentes de Derechos Humanos repudiaron y cuestionaron la decisión del oficialismo capitalino.
“Lamentamos que la existencia del Instituto Espacio para la Memoria se vea amenazada por un acuerdo de cúpulas que dejan de lado la experiencia acumulada en función de intereses partidarios y gubernamentales, y sus responsables demuestren su mediocridad conceptual y falta de ética política”, criticó el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
Por su parte, la legisladora de SUMA + María Inés Gorbea pidió que se investigue una “posible disolución” del IEM, algo que efectivamente se cumplió en este mes. Pero la iniciativa aún no llegó al recinto.
“Hay cuestiones estructurales que tiene el Estado porteño que no puede prescindir. Algo que fue una conquista del Estado como el IEM en la Ciudad termina en un fracasó”, confesó Gorbea.
Asimismo, indicó que este panorama se avizoraba porque “sabíamos que el Gobierno de la Ciudad lo vaciaba de contenido y presupuesto”.
En el oficialismo porteño defienden la iniciativa argumentando que existía un “conflicto de jurisdicción” en los ex centros clandestinos distribuidos a lo largo de la Ciudad y que el Gobierno porteño no dejará de lado su política a favor de la lucha y preservación de los Derechos Humanos.
“La unificación en una sola jurisdicción de los ex centros clandestinos es una propuesta interesante: desde la Nación ya se administraba uno”, explicó el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos Daniel Lipovetzky.
Un sector de la oposición acusó al Pro por disminuir un porcentaje del Gasto Público porteño, pero el legislador macrista descree de esa idea y aseguró: “el gasto que implica el mantenimiento es mínimo” e insistió con que “la decisión pasa únicamente para que queden bajo una sola jurisdicción unificados, pero la Ciudad no deja de lado los Derechos Humanos”.
Lipovetzky aclara que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “mantendrá el Parque de la Memoria en la Costanera Norte en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado”.
“Son acciones de buenos oficios entre el Gobierno nacional y Ciudad como el monumento a Colón o extensión de la Autopista Illia”, opinó el legislador de la Coalición Cívica y vicepresidente tercero del Cuerpo, Maximiliano Ferraro.
Para Ferraro, el convenio “preocuparía porque la Ciudad no tendría una política y construcción de memoria colectiva totalmente autónoma y autárquica establecido en la ley”.
Desde el Pro, aseguran que los votos los tienen. En principio, parte de un acuerdo entre los dos oficialismos y asegura un caudal de votos importante si suma el total de legisladores del Pro (28) y Frente Para la Victoria (10).
Desde el kirchnerismo, celebran ser el Gobierno que mejor lleva la bandera de la lucha por los Derechos Humanos y recuerdo a las víctimas del terrorismo de Estado que azotó al país desde 1976 hasta 1983; el apoyo del bloque del FpV está descontado y será importante ver cómo votarán los aliados del Frente Progresista Popular, Nuevo Encuentro, Sindical Peronista e Izquierda Popular.
El Gobierno nacional desea controlar los ex centros de detención, pero como contrapartida el Pro obtendría el apoyo del bloque kirchnerista a una serie de proyectos a tratarse próximamente.

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