En la Legislatura provincial quedará escrita una nueva página, hoy, cuando el Senado reúna los votos necesarios para hacer lugar a un pedido de la Justicia para quitarle los fueros a Marcelo Romano (Protectora).

Luego de que la misma Cámara desaforara a la peronista Beatriz Pedernera en 2007, por pedido del entonces fiscal de Delitos Complejos Eduardo Martearena, quien la investigaba por fraude al Estado, el mismo cuerpo deberá votar ahora la situación de Romano. Sin embargo, el senador no será destituido ni suspendido, con lo cual seguirá en su banca mientras avanza la investigación.

A Pedernera, aquella vez finalmente la condenaron por haber cobrado viáticos y pasajes que nunca utilizó. Pero en la Legislatura, la ex senadora votó su propio desafuero. El senador de Protectora, en cambio, está bastante lejos de aceptar este procedimiento que ha solicitado la fiscal Gabriela García Cobos, quien lo imputó de atentado contra la autoridad, agravado en este caso por su situación de legislador. Para Romano, esta causa es una “persecución política” por parte del oficialismo.

El domingo 11 de agosto de 2019, mientras transcurrían las elecciones PASO en Mendoza, el senador protagonizó un escándalo en el Acceso Sur a la altura del barrio ATSA, Godoy Cruz, porque la Policía había detenido a su hija, quien conducía un Renault Clio. El legislador les habría dicho a los efectivos: “Me llamo Marcelo Romano, ella es mi hija, yo soy senador e integrante de la Bicameral de Seguridad, por qué tienen demorada a mi hija, dedíquense a perseguir chorros en las villas, soy íntimo del Ministro de Seguridad Venier, van a perder el trabajo por esto”. El delito por el que se lo investiga establece una pena de prisión de entre seis meses y dos años.

De hecho, el propio Romano ha cuestionado el hecho por el que se lo acusa, aduciendo que es una contravención y no un delito. Y ese es uno de los puntos que hay en común con el caso Pedernera y de vital importancia para comprender el procedimiento.

El artículo 167 de la Constitución provincial indica que cuando se produce una acusación por delitos comunes contra un miembro de la Legislatura o contra cualquiera de los funcionarios sujetos a juicio político ante la Legislatura o ante el Jury de Enjuiciamiento, y existiendo mérito bastante en las constancias del proceso para decretar la prisión preventiva, deberá procederse al desafuero o a la suspensión del acusado.

Y para allanar esa inmunidad, se debe contar con la mitad más uno de los miembros que componen la cámara respectiva, en este caso la Cámara de Senadores en donde Cambia Mendoza tiene los 20 votos para aprobar el desafuero en la sesión semipresencial que se llevará a cabo el próximo martes.

El caso ha generado repercusiones de todo tipo. El peronismo asegura que es una “maniobra política” y adelantó que no acompañará la quita de fueros. Y el propio José Luis Ramón, diputado nacional y líder de Protectora en Mendoza, ha iniciado un contraataque contra Cambia Mendoza aduciendo que el posible desafuero de Romano se debe a que el senador denunció “la connivencia en la licitación de Portezuelo del Viento”, que terminó “con la renuncia de uno de los funcionarios que estaba a cargo de la licitación”. Como parte de esa ofensiva, Ramón acusó esta semana en el mismo Congreso de la Nación al ex gobernador Alfredo Cornejo, que también es diputado nacional.

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