18 de abril de 2024

NCN

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No están conformes: Los fiscales Mola y Luciani apelarán la sentencia a CFK

Luego de que el Tribunal Oral Federal N°2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu condenaran a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por la causa Vialidad, que investigó actos de corrupción en la obra pública en Santa Cruz, ahora los fiscales adelantaron Diego Luciani y Sergio Mola adelantaron que apelarán la sentencia. Ellos habían pedido 12 años de condena.

En concreto, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelarán la sentencia que condenó a seis años de prisión a la Vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner, al haber sido absuelta por el delito de asociación ilícita y sólo condenada por administración fraudulenta.

Ni bien se conoció la sentencia y que era la mitad de la solicitada, pues la fiscalía reclamó 12 años en sus alegatos, desde la fiscalía hicieron saber que van a apelar a la Cámara Federal de Casación Penal.

Para apelar, primero deben aguardar los fundamentos que se darán a conocer el próximo 9 de marzo. De allí van a tener diez días aunque puede que se prorrogue, y ahí interponer recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal.

La apelación es no sólo porque condenaron por uno de los delitos a la Vicepresidenta, sino por también las absoluciones de algunos de los acusados como ser la del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Sobre la condena de CFK:

La sentencia fue dictada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, desde el Tribunal Oral Federal 2. Los tres estuvieron de acuerdo en condenarla por administración fraudulenta. En cambio por dos votos a uno quedó absuelta por asociación ilícita. Solo Basso votó por condenarla por ese delito. Los otros jueces dijeron que no hubo la pluralidad de delitos que reclama esa figura penal.

El tribunal también instó al decomiso de 84 mil millones de pesos: puntualmente, $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado.

El juicio comenzó en mayo de 2019 y se juzgaron las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.