Nuestras viejas y viejos, los primeros perjudicados ; por Bárbara Solernou

Las jubilaciones son denominadores comunes en la retórica de las campañas políticas y gobiernos de turno. Sin embargo, la realidad muestra que los primeros perjudicados de las constantes crisis económicas son aquellos que han aportado al país trabajando durante toda su vida.

Actualidad

A fines de agosto, en el marco de la ley 27.609, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el aumento del 12,39% para jubilados y pensionados a partir de septiembre. De esta manera, el haber mínimo pasa a $25.922 más dos bonos extraordinarios anuales para las prestaciones inferiores.

Desde marzo del 2020 la modalidad optada por este gobierno establecía los ajustes de forma trimestral y desigual según el nivel de ingreso. De esta manera, sin acrecentar el monto destinado a la seguridad social, se buscó otorgar mayor porcentaje de aumento para aquellos que menos cobran y lograr que las jubilaciones mínimas -cerca del 90% del total- superen la inflación.

Lo que en teoría parecía justo, dejo de serlo cuando observamos que ese 90% que percibió un incremento ínfimamente superior a la inflación corresponde a jubilaciones de hasta $45.000 mensuales. Por lo tanto, todas aquellas por encima de ese monto, que distan mucho de ser jubilaciones altas, sufrieron un ajuste importante en el poder adquisitivo de sus ingresos. Sumado a esto, luego de un año y medio de la aplicación del nuevo mecanismo de actualización, el monto alcanzado para las jubilaciones mínimas no llega a cubrir ni la mitad de la canasta básica de alimentos.

Historia

El sistema previsional argentino nació a principios del siglo XX como régimen de capitalización, es decir, cada trabajador aporta y acumula fondos para su jubilación individual. Los beneficiados de este sistema eran un porcentaje mínimo de la población y su resultado notablemente desigual. Cuatro décadas más tarde, durante el primer gobierno peronista y de la mano de un exitoso desarrollo industrial que generó millones de nuevos puestos de trabajo, se ampliaron los beneficiados del sistema jubilatorio al calor del crecimiento de los gremios. Para 1954 se decidió terminar con el injusto método instaurado y se estableció el sistema solidario de reparto: los que están en condiciones de trabajar sostienen, mediante sus aportes, a los que por edad o salud no pueden hacerlo por sí mismos.

De esta manera, el total de la Población Económicamente Activa -PEA- sustenta solidariamente a sus jubilados. Así, se ata el ingreso a la producción nacional, obligando al gobierno de turno a generar trabajo en blanco, estable, para un aumento general de la caja de nuestras viejas y viejos. Este derecho conquistado fue arrancado en la liberal década del 90 (privatización de las empresas del Estado y regreso a la capitalización de los aportes) y recuperado en el 2008 (nacionalización y unificación del sistema previsional).

Causa y solución

La propia historia muestra causa y solución del problema. Sin embargo, en los últimos 45 años, los sucesivos gobiernos, unos más otros menos, coinciden en que resulta imposible dar los aumentos que corresponden a nuestros jubilados. Ratifican con sus actos la realidad inconfesable de que han renunciado a su deber como gobernantes de crear trabajo, y han delegado esa tarea al capital y el mercado global. Lo demuestra el hecho de que unos y otros, aunque simulen estar enfrentados, comparten la idea de que el déficit fiscal es lo que impide justicia en el sistema previsional y sostienen que para aumentar la caja de nuestros viejos deben aumentar impuestos o ingresar mayor cantidad de divisas. Reducen el conflicto a lo estrictamente monetario para ocultar el verdadero problema: la destrucción del Estado Empresario Argentino y por ende la constante caída del trabajo en blanco.

Algunos datos que nos ayudan a pensar:

–        Los argentinos en condiciones de trabajar (PEA: Población Económicamente Activa) son 23,3 millones.

–        Estos deberían sostener solidariamente a 8,3 millones de jubilados.

–        La cantidad de trabajadores formales son 8,9 millones.

–        8,3 millones de argentinos trabajan en negro, en condiciones precarias y no aportan.

–        5,9 millones compatriotas se encuentran desesperados entre desocupación y asignaciones sociales.

–        Los trabajadores en blanco, aportan el 35% anual de sus ingresos al sistema previsional: 14% por recibo de sueldo + 21% de IVA.

–        Debido a la baja cantidad de aportantes, la recaudación alcanza para cubrir solo el 40% de las jubilaciones actuales.

–        Si en la Argentina elevamos al máximo nuestra Productividad Social, alcanzaríamos el Pleno Empleo ocupando a los 23,3 millones de la PEA en tarea real.

–        Con el aporte del total de la PEA bastaría con un 29% de descuento para alcanzar el 82% móvil para todos los jubilados.

–        No solo se terminaría la injusticia para con nuestras viejas y viejos, sino también, se reduciría el porcentaje de aportes del 35% al 29%, por lo que habría un aumento del poder adquisitivo del salario en todo el Pueblo Trabajador.

Como podemos ver, el problema no es técnico sino político. La única manera de lograr jubilaciones dignas es aumentar el nivel de empleo genuino. La salida no es el ajuste ni la redistribución, es la industrialización.

Gobernar es crear trabajo.

 

 

Para NCN por Bárbara Solernou