8 minutos y 46 segundos. Ese tiempo duró la agonía de George Floyd hasta que finalmente perdió el conocimiento. En realidad, según testigos y los informes judiciales posteriores, a los seis minutos ya no reaccionaba. Uno de los policías implicados, de apellido Kueng, le tomó el pulso. Aun sin encontrarlo, la situación siguió igual por – al menos – 2 minutos más. La presión que ejerció Derek Chauvin (oficial de la policía de Minneapolis) entre la cabeza y el cuello de Floyd fue letal. Tan solo una hora después del hecho, el Centro Médico del Condado de Hennepin lo declaró oficialmente como fallecido. La indignación posterior sacudió al mundo. No solo por el aberrante abuso policial, sino por una nueva muestra brutal del racismo en los Estados Unidos. Investigaciones posteriores, revelaron que George Floyd les dijo a los policías involucrados más de 20 veces que no podía respirar. Chauvin se limitó a responderle: “deja de hablar, deja de gritar. Se necesita mucho oxígeno para hablar”. Incomprensible y cruel. En tan solo 30 minutos, Floyd pasó de ser detenido por un supuesto billete falso de U$S 20, a ser asesinado en manos de un agente policial, con la complicidad de otros tres oficiales.

Un crimen que ocurrió a 9 mil kilómetros de distancia de nuestro país, tuvo – paralelamente – casos similares aquí, en Argentina. Como en el caso de Floyd, hubo abuso policial, hubo muerte, pero no hubo ninguna reacción social acorde. Al parecer, dentro de nuestro país hay muertes que son menos interesantes. ¿Será porque aquí tenemos nuestro propio racismo? Los crímenes en el interior del país, ¿tienen menos “status” que las que ocurren en los barrios de elite de Capital Federal o Gran Buenos Aires? Por otra parte, cabe preguntarse, ¿es posible recuperar el prestigio de las fuerzas de seguridad en Argentina y el respeto por estas instituciones?

El crimen de Floyd encendió nuevamente la discusión sobre la cuestión racial en Estados Unidos. A raíz de ello, es interesante detenerse un momento en la realidad de la comunidad negra o afrodescendiente de nuestro país. Argentina no estuvo eximida de las crueldades de la esclavitud y la discriminación. A fines del siglo XVI y durante el siglo XVII llegaron los primeros africanos a Buenos Aires. Como explica la historiadora Marissa Pineau, la presencia de africanos en Buenos Aires era mucho más importante que la se supone hoy en día. Desconocido para muchos, a esta comunidad le debemos variados elementos distintivos de nuestra cultura, como la influencia en los orígenes del tango, modismos del lenguaje, el dulce de leche, las famosas achuras de los asados e inclusive las payadas. El Censo de 1778 mostró que el 46% de la población argentina era de origen africano. Se estima que hacia fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ingresaron al puerto de Buenos Aires y Montevideo más de 700 barcos, con 72 mil esclavos africanos. Hacia 1810, la ciudad porteña tenía alrededor de 40 mil habitantes y se calcula que un tercio eran de origen africano. No fue hasta la Constitución Nacional de 1853 en que se abolió oficialmente la esclavitud (la práctica prosiguió clandestinamente en menor medida hasta extinguirse). Aun así, historiadores como Felipe Pigna afirman que las causas que terminaron con los negros en Argentina hay que buscarlas en la utilización de la población masculina en las guerras de Independencia, las guerras civiles posteriores y la cuestionable Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Sumado a una baja natalidad entre la comunidad, las epidemias de cólera y de fiebre amarilla entre mediados y fines de siglo XIX les dieron el golpe mortal. Esto derivó, finalmente, es la unión entre personas de origen africano y europeo, generando un mestizaje cada vez más mayor. Hoy, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Cultura de nuestro país, “las organizaciones que nuclean a los africanos y afrodescendientes, estiman que en la República Argentina viven alrededor de 2 millones de personas de ese origen, a pesar de las últimas cifras oficiales -provenientes del Censo de 2010-, que indicaron que apenas 149.493 se reconocen afrodescendientes”.

Aunque la comunidad afroamericana no suele ser señalada con intenciones racistas, la discriminación étnica en Argentina existe. No se define por excluir a los afrodescendientes, sino que ocurre entre los migrantes de países como Bolivia y Paraguay, con términos despectivos como “bolitas” o “paraguas”. Incluso, se da entre los propios argentinos: la triste incorporación de términos como “negro cabeza” o el uso despectivo de “villero” para discriminar a los pobres. El “negro” argentino es el que vive en los barrios marginales, el que roba, el que estafa. Incluso, se lo usa para diferenciarse de aquellos que tienen raíces aborígenes u originarias, como sucede fuertemente en el norte de nuestro país. Son ciudadanos de segunda. Para empeorar las cosas, son el principal blanco de la violencia institucional.

El mismo mes en que un oficial le quitaba la vida a George Floyd en Estados Unidos, una familia tucumana sufría una tragedia en manos de la policía provincial. En el marco de un operativo realizado por un festival de caballos cuadreros en el paraje de Melcho, en la ciudad tucumana de Simoca, el trabajado rural Luis Espinoza fue detenido y desaparecido. Su cadáver apareció una semana después en Catamarca. Mónica García de Targa, titular de la Fiscalía de Instrucción del Centro Judicial de Monteros en Tucumán, elevó un pedido de prisión preventiva para 10 de los 11 acusados del crimen, todos ellos agentes policiales, al considerar que hay pruebas suficientes para confirmar su participación en el hecho. Se trata provisoriamente de una “privación ilegítima de la libertad seguida de muerte y desaparición forzada de persona” Otra vez, desaparición forzada en Argentina. Un subcomisario, un oficial, siete efectivos y un vigía deberán rendir cuentas con la Justicia. De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía, Luis Espinoza salió en defensa de su hermano, quien era golpeado brutalmente por efectivos policiales. El oficial de apellido Morales apuntó directamente y gatilló contra el cuerpo de Luis. Su cuerpo fue arrastrado hasta un monte ubicado a unos 15 metros del camino donde fue el ataque. Se cree que todavía estaba vivo. El cuerpo de Espinoza fue colocado en una VW Fox de Montenegro hasta la comisaría de Monteagudo. Lo desnudaron, lo ataron y los trasladaron hasta la provincia de Catamarca. Luego, arrojaron el cuerpo en un barranco. Estremecedor, inconcebible e indignante. Entre las pericias del hecho, se comprobó que la bala que mató a Espinoza salió del arma reglamentaria de uno de los policías.

Hay casos emblemáticos de violencia policíaca en Argentina, como el del joven de 17 años Walter Bulacio. El 19 de abril de 1991, Walter y 72 personas fueron víctimas de una “razia” policial en el marco de un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el Estadio de Obras Sanitarias, en Capital Federal. A cargo del Comisario Espósito, la Seccional 35 realizó el operativo que golpeó y dejó seriamente lastimado a Bulacio, hasta encontrar la muerte en el Hospital Pirovano. O, mencionar el caso de Miguel Bru, estudiante de periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Desaparecido desde el 17 de agosto de 1993, se comprobó que fue detenido y torturado en la comisaría 9a. de La Plata. Tal vez, el caso más significativo por su implicancia en el ataque hacia la libertad de expresión fuese el del reportero gráfico José Luis Cabezas. Víctima del poder del empresario Alfredo Yabrán, Cabezas fue secuestrado, torturado y asesinado en enero de 1997, en la localidad de Pinamar. Incluso, se llegó a decir que, el por entonces Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, comentó a sus allegados “me tiraron un muerto”, en alusión a un posible mensaje mafioso en el marco de una interna de la policía bonaerense. Los fantasmas de la represión policial volvieron a posarse sobre Duhalde cuando, siendo este Presidente, la represión se llevó las vidas de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en el convulsionado junio de 2002. Unos meses antes, en los trágicos días de fines del 2001, “Pocho” Lepratti, un auxiliar de cocina del comedor de la escuela número 756 del barrio Las Flores de Arroyo Seco, murió instantáneamente tras recibir un impacto de bala del agente Esteban Velásquez, en un operativo represivo sin sentido. En 2007, Carlos Fuentealba, docente y delegado sindical, fue asesinado por un policía de la provincia del Neuquén. En febrero del 2000, un informe mundial del Departamento de Estado de los Estados Unidos alertó sobre algo que nadie quiso ver. Dedicó 26 páginas de su escrito a citar la violencia policial en Argentina, criticando además las condiciones carcelarias y el sistema judicial. Poco ha cambiado desde entonces.

Retomando el crimen de Espinoza, este sí tuvo implicancias a nivel nacional. Pero, otra vez entró la “grieta” a nuestras vidas y se armó un aparente “River-Boca”, entre la muerte del artesano Santiago Maldonado y la de Espinoza. Los defensores del gobierno actual sacaron nuevamente a luz la hipótesis del asesinato de Maldonado en manos de Gendarmería, durante el gobierno de Mauricio Macri y la gestión de Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad; los opositores, en contrapartida, argumentaron que quienes difamaron a las fuerzas de seguridad de Macri con una muerte accidental, se mostraron indiferentes al accionar de la policía de la provincia que gobierna José Luis Manzur, del Frente de Todos. En el medio de estas acusaciones insólitas, el miércoles 24 de junio, en San Miguel de Tucumán, la Policía detuvo a un presunto delincuente: Walter Ceferino Nadal. Mientras lo trasladaban a la Seccional 1°, Nadal indicó que no se sentía bien. Murió a los pocos minutos de llegar hospital Padilla, al sufrir un infarto. Horas antes, dos bicipolicías lo redujeron tras un robo. Según un testigo, uno de los efectivos puso su rodilla en la nuca de Nadal. Este le dijo varias veces que le faltaba el aire. El agente, le habría respondido que “no fuera cagón”. Días ulteriores, la fiscal Adriana Giannoni recibió el informe de la autopsia: su deceso se habría producido por asfixia. Su similitud con el caso de George Floyd es impactante. Curiosamente, el ministro de Seguridad de Tucumán, Claudio Maley, aseguró que «la intervención fue correcta y oportuna». Que la víctima pudiera sea un delincuente, o que el arresto haya sido luego de un robo o hurto, no implica quitarle la vida mediante una técnica de estrangulamiento. Como el caso de Espinoza, Tucumán vio nuevamente el abuso policial llegar a un extremo irreversible de violencia.

El gobierno de Alberto Fernández vio con gran preocupación estos hechos. No es para menos. No solo debiera preocupar por una cuestión ética y humana. Además, perjudica claramente al oficialismo en la percepción de la opinión pública. Lo que inquieta, es estar al tanto de que las prácticas policiales abusivas no han ocurrido únicamente en Tucumán. El domingo 31 de mayo, según lo que consigna la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Chaco, “efectivos policiales de la comisaría tercera irrumpieron en una vivienda del Barrio Banderas Argentinas en la localidad de Fontana. Sin orden de allanamiento y mediante golpes, detuvieron y trasladaron a cuatro personas – dos mujeres y dos varones – y agredieron a otra mujer que estaba en la vivienda, tirando balazos con posta de goma y de plomo”. Todos los detenidos fueron lastimados por personal policial. También informaron que las detenidas habían sufrido violencia sexual por parte del personal policial. Pertenecen a la comunidad Qom, pueblos originarios de los más golpeados por los gobiernos feudales del norte argentino, como viene ocurriendo hace largos años en Catamarca y que ha sido denunciado por Félix Díaz. En Chubut, provincia de Buenos Aires y CABA también hubo denuncias por abuso policial en plena cuarentena. El último caso que ha despertado numerosos informes periodísticos es el de Facundo Astudillo Castro. El pasado 30 de abril, Astudillo Castro salió de la localidad bonaerense de Pedro Luro hacia Bahía Blanca. Según denuncia el CELS, la policía de Buenos Aires lo detuvo en un retén. Desde aquel día no ha aparecido. Su familia presentó una denuncia penal por desaparición forzada y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió una serie de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre esta desaparición. En las últimas horas, la causa pasó al fuero federal.

Lo que es más grave aún son las escasas o nulas repercusiones que todas estas acciones tienen en las jerarquías de las fuerzas provinciales y el poder político. Tampoco hay un rechazo firme en la población. El uso político de los crímenes de Espinoza o Maldonado, demuestran una preocupante falta de empatía por parte de los ciudadanos respecto a ciertos homicidios. La justificación de la muerte de Nadal en Chaco, solo por el hecho de haber delinquido, es temeraria. ¿No es común escuchar el “hay que matarlos a todos”? Si dejamos la hipocresía de lado, esta idea elitista de justicia alcanza también a quienes cobran planes sociales, los cuales son señalados en una parte importante de la sociedad como “los vagos” de nuestro país. La solución de atacar a los que menos tienen carece de sentido. Ellos son víctimas de un sistema político que los ha cautivado, para mantener el statu quo de necesidad paternalista y clientelista en pos de eternizarse en el poder. Los pobres no lo son porque lo quieran, sino porque los mantienen allí.

Para una parte considerable de la sociedad, es más fácil atacar la consecuencia que las causas. Pasa con los pobres, pasa con la violencia. El Institute for Economics and Peace (IEP) y la International Police Science Association (IPSA) realizaron en 2016 el Índice Mundial de Seguridad Interna y Policía (WISPI, en inglés). La región de América Latina y el Caribe registró la tasa más baja de confianza en la policía. Solo el 44% de los encuestados afirmó confiar en las fuerzas de seguridad. En Argentina, la última dictadura militar y los casos mencionados en la década del 90 y principios del 2000 desprestigiaron notoriamente el rol de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas en la sociedad. El “rati”, el “cobani”, el “cana” o el “milico” son sinónimos de dos conceptos estrechamente vinculados en los últimos 40 años: la represión y el gatillo fácil. Pero, es injusto que miles de policías y agentes de seguridad caigan en la misma bolsa. La corrupción de los comisarios o los abusos de los efectivos no pueden englobar a toda la fuerza. La policía es necesaria. No obstante, se ha perdido el respeto por la autoridad. Cuando surgió la policía local aquí en General Pueyrredón, se publicaban videos de cómo algunos se burlaban de sus uniformes y los dejaban en ridículo. En definitiva, son quienes cumplen con el orden en la sociedad. Hay policías muy buenos, como así también los hay entre los militares que apelan a la democracia. ¿Acaso no son militares y gendarmes los que hoy están colaborando en todo el país para llevar alimentos a los más vulnerables? ¿Acaso no agradecemos a los policías que arrestan a los que delinquen y nos trasmiten seguridad? Es injusto caerle a veces a la policía respecto a la inseguridad, cuando ven que a las pocas horas de hacer una detención, el victimario es beneficiado por una justicia garantista.

Si bien las instituciones se conforman de las personas que las integran, sus acciones individuales no son directamente proporcionales con las acciones colectivas. Con ese criterio, la política es corrupta, la religión es pederasta o la medicina es sinónimo de mala praxis. Si en un cajón de manzanas hay una manzana podrida, es claro que la totalidad de las frutas se pudrirá más rápido. Hasta uno miraría con desconfianza al cajón. Pero, ¿por qué dejar que todo se eche a perder? ¿No hay manzanas “buenas” también? Las fuerzas de seguridad merecen ese acto de justicia. Hay policías de vocación que ofrecen su capacidad física e intelectual para servir al prójimo. Y, muchas veces, por decisiones políticas han quedado a la buena de Dios, como ocurrió en 2017 frente al Congreso de la Nación, cuando un grupo de oficiales terminó rodeado por 300 personas que se desquitaron arrojándoles de todo. Los ataques provinieron principalmente de agrupaciones de Izquierda. Ellos también deberán replantearse si su lucha justifica atacar cobardemente a otros trabajadores. Ser policía no es un delito, es un trabajo. Que haya malos policías, es otra discusión.

El sistema policial en Argentina necesita una gran reforma. Requiere determinar qué pasa cuando se retira a policías corruptos, a dónde va esa gente, cómo es que siguen clandestinamente haciendo lo que no deben hacer. Interpela a entender cómo formar valores ciudadanos en los policías jóvenes, vocación de servicio que combata internamente a los que acepten coimas o estén por fuera de ley. ¿Hay voluntad política para erradicar a la “mala” policía? Incluso en los Estados Unidos, en donde ocurren atrocidades como la de George Floyd, el Índice Mundial de Seguridad Interna y Policía comprobó que más de un 80% de su población confía en los agentes de seguridad.

El caso de George Floyd, que ha conmovido al mundo, invita a reflexionar sobre lo ocurre en Argentina con la policía y nuestras minorías. Aunque la comunidad negra en Argentina sea minoritaria, aquí también tenemos discriminación racial. “El negro” es despectivo, es el que vive en la villa, el pobre, el desempleado, el indígena o el que camina por un barrio de clase media y es mirado con desconfianza.

Paralelamente, la policía en Argentina continúa atravesando una profunda crisis de identidad, marcada por la corrupción y el abuso de autoridad, el cual ha llegado a límites inaceptables. Son dos cuestiones que, aunque parezcan distintas, cada tanto se cruzan formando un combo explosivo. Mejorar la calidad institucional de nuestro país es pensar, ya no solamente es tener instituciones sólidas, criteriosas y más humanas, sino en una política de seguridad ciudadana que debe ser equitativa y justa con todos sus habitantes. Incluyendo a las minorías y a los sectores más postergados. Pero, también, implica entender que el desprestigio se revierte demostrando honestidad, transparencia y acciones reales que modifiquen las conductas de quienes guían los destinos de las instituciones argentinas.

Mariano Busilachi, Licenciado en Comunicación Social. Consultor de comunicación política e institucional.