Obtuvo dictamen proyecto de modificación del Código Procesal Penal de la Nación
Presidida por la diputada Gabriela Burgos, la comisión de Legislación Penal emitió dictamen de mayoría al proyecto de ley en revisión por el cual se modifica el Código Procesal Penal de la Nación, que cuenta con media sanción del Senado. Legisladores del bloque FPV-PJ cuestionaron “la celeridad” del tratamiento y plantearon preocupación por la situación de los pueblos originarios a partir de la modificación de ese instrumento normativo.
El diputado radical Luis Petri expresó que es “un proyecto trascendente y beneficioso para luchar contra las mafias, la corrupción y el crimen organizado”, que le brindará -según el legislador- “herramientas a la justicia para que proceda de manera más ágil ante los nuevos desafíos”.
El diputado Rodolfo Tailhade, desde el FpV, sostuvo que “no son sustanciales las modificaciones para implementar un sistema acusatorio”. “El Código Procesal Penal está sancionado hace tres años y el Presidente de la Nación lo primero que hizo fue suspender su vigencia y el proceso de implementación”, afirmó el legislador.
Tailhade sostuvo que “la prioridad del Gobierno fue remover a Gils Carbó al frente de la Procuración General de la Nación, ya que si ella seguía, el Código no se iba a poner en marcha, porque supuestamente le daba poder a ella”.
“Hoy no hay garantías en el país para las personas que están siendo procesadas”, opinó el diputado Horacio Pietragalla (FpV). “Se podría haber debatido un tema tan importante con más tiempo, pero el Gobierno está tratando de reglamentar algo que ya están llevando a la práctica”, afirmó.
También desde el FpV, el diputado Hugo Yasky dijo que “cada vez que en la Argentina se sufre hambre y miseria, hay represión; y cuando hubo represión, el Estado de derecho desapareció”. Consideró que “hoy existe un espíritu de revanchismo en el país”.
Para finalizar, la titular de Legislación Penal, Gabriela Burgos, sostuvo que “la media sanción del Senado da respuestas a ciertos cuestionamientos”. “Al momento de la aplicación por parte del Poder Judicial, el Congreso deberá trabajar conjuntamente y en sintonía, para que se respeten cada una de las garantías de todos los ciudadanos argentinos”.
Previamente expuso Ángela Marcela Jaramillo, abogada especialista en derechos indígenas, quien aportó argumentos “para que no sean eliminados dichos pueblos de la lista de víctimas del derecho procesal penal, ya que hacerlo –opinó- sería un gran retroceso”. “El Congreso está intentando cercenar los derechos, sin permitir la participación de las organizaciones originarias”, sostuvo un trabajador en representación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Luego, Elizabeth Gómez Alcorta, abogada especialista en derechos humanos, criticó que “con la excusa de actualizar normas e incorporar otras que ya fueron dictadas mediante otras leyes, se hacen modificaciones sustanciales que vulneran las garantías de los ciudadanos”.
En representación del ministerio de Justicia de la Nación, Sebastián Garat subrayó la “necesidad de contar con un Código actualizado y poder implementarlo lo antes posible para beneficio de las personas que se someten ante la justicia”.