La Oficina Anticorrupción (OA) denunció dos hechos irregulares en el manejo del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales (INCAA).

En primer lugar, la Oficina cuestionó la contratación del complejo de salas “Artecinema” perteneciente a la empresa Grupo Aleph S.A. En el contrato se acordó que el INCAA haría uso de la sala entre mayo y diciembre de 2011 y que se quedaría con todo lo recaudado por venta de entradas.

Si bien el contrato era hasta fines de 2011 (luego prorrogado un año más) los pagos continuaron hasta junio de 2016. Además, el INCAA extravió el expediente del contrato. Durante 2015 “el INCAA abonó la suma de $ 66.550 mensuales, monto al que, por lo visto, se arribó a partir del arbitrario e infundado criterio de los funcionarios del Instituto”, se señala en el escrito de la OA. Además, el Grupo Aleph, sin sustento legal, retuvo el 50% de los ingresos obtenidos por recaudación de boletería, cuando en el contrato de 2011 se estableció claramente que la totalidad de los ingresos eran para el INCAA.

A esta situación se agrega que Pablo Rovito, uno de los dueños de Grupo Aleph, fue también rector del ENERC, dependiente del INCAA.

En segundo lugar, la OA denunció la contratación irregular de servicios de traslados a nivel nacional (automóviles y combis) para diversos eventos -desde noviembre de 2015 a diciembre de 2016- por un valor superior a los 1.800.000 pesos.

Estos servicios de transporte (brindados por Javier Emanuelli) corresponden –principalmente- a tres festivales: Pantalla Pinamar 2016, Ventana Sur (2015 y 2016), y el XXXI Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La contratación por estos servicios debió hacerse en el marco de una licitación pública, pero en vez de eso simplemente se aprobaron los pagos luego de realizados los viajes.

“En los casos de Emanuelli no se ha configurado ninguno de los supuestos contemplados en el art. 31 inc. b (contratación directa), como así tampoco se ha dado cumplimiento a los requisitos del procedimiento de trámite simplificado. En estos expedientes, que de hecho fueron “de pago” (y no de solicitud de contratación de servicios como hubiera correspondido), no obra constancia de cotizaciones o invitaciones a otros proveedores, ni tampoco hay ningún informe técnico o dictamen que acredite la urgencia o emergencia”, se explica en el escrito de la OA.

La investigación de la OA se inició por una presentación del Ministerio de Cultura de la Nación. Para la OA, los hechos constituyen una administración fraudulenta agravada por haber sido cometida contra la administración pública. Los principales imputados son los ex titulares del INCAA María Lucrecia Cardoso, Liliana Mazure y Alejandro Cacetta. También Pablo Rovito (por el primer hecho).

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