Oficina anticorrupción pidió elevación a juicio de Julio De Vido por fraude al Estado por la compra de trenes obsoletos
La Oficina Anticorrupción pidió la elevación a juicio del ex ministro Julio De Vido por la compra de material ferroviario en mal estado por más de 100 millones de euros. Es una causa por defraudación a la Administración Pública que también involucra al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y en la que la OA es querellante
La Oficina Anticorrupción (OA), como querellante de la causa “Jaime, Ricardo y otros s/ defraudación a la Administración Pública”, solicitó la elevación a juicio del ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, por la compra de trenes en mal estado en el marco del “Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes”, aprobado en 2005 por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto 1683/05, con el objetivo de fortalecer y desarrollar el Sistema Público de Transporte Ferroviario en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El escrito señala que “De Vido, junto con su consorte de causa Ricardo Jaime, llevó a cabo la administración fraudulenta en perjuicio del erario público” en la que el Estado Nacional pagó entre 2007 y 2011 a las empresas españolas EE, RENFE y FEVE la suma de 76.313.108,85 euros y a la empresa portuguesa Caminhos de Ferro Portugueses la suma de 25.639.896 euros por un material rodante de calidad inferior a la del valor pagado, en contratos que la OA calificó de “absolutamente leoninos para el Estado argentino”.
“Se firmaron acuerdos, contratos y adendas entre el ministerio que dirigía De Vido y la Secretaría de Transporte de la Nación, que estaba a cargo de Ricardo Jaime, a través de los cuales el Estado nacional adquirió material rodante obsoleto con sobreprecio, en muchos casos en un estado inservible”, manifestó la Oficina Anticorrupción, y resaltó que “De Vido, como superior de Jaime, suscribió los convenios, contratos y decretos y, también, omitió todo contralor de esta actividad, llevada cabo por la Secretaría de Transporte, que se hallaba bajo su esfera funcional, con dependencia y reporte directos”.
Asimismo, la Oficina subrayó que la Auditoría General de la Nación (AGN) detectó irregularidades en los contratos y sostuvo que no se realizaron inspecciones completas sobre el material adquirido, mientras que en otro informe, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) consignó que del total de 46 unidades a la venta, 36 se encontraban fuera de servicio y 10 para desguace, a la vez que 21 coches se encontraban en estado de abandono. “El material se encontraba insuficientemente verificado, y lo realmente verificado en malas o pésimas condiciones cuando no en un estado total de destrucción que no calificaba siquiera para desguace”, expresó la OA.