Tras la media sanción en Diputados, que habilitó la modalidad de educación virtual en momentos excepcionales como la pandemia, ahora los legisladores avanzan sobre la brecha tecnológica. “Más del 47% de los hogares con niños y adolescentes no cuentan con conexión a Internet, nos preocupa la enorme desigualdad que existe en las aulas virtuales o para acceder a los contenidos”, señaló el diputado nacional, Marcelo Orrego, que pide además se liberen datos en los teléfonos móviles con fines educativos “Hoy la señal debe ser considerada un servicio esencial”, dijo.

“Me llamaron profesores que se van durante horas a estaciones de servicio para poder captar señal de WiFi, dar clases o subir contenido a las plataformas, otros están dejando guías en las escuelas para que los chicos que no tienen conexión puedan seguir estudiando, pero con una enorme desigualdad”, aseguró Marcelo Orrego, presidente del bloque Producción y Trabajo en la cámara baja, que promueve un proyecto para establecer una tarifa social de Internet, con los mismos criterios y requisitos que se establecen para subsidiar los servicios públicos, como la luz y el gas. La iniciativa es acompañada por 13 legisladores del interbloque JxC.

Según el informe “Desigualdades Sociales en Tiempos de Pandemia” del “Observatorio de la Deuda Social Argentina” de la Universidad Católica Argentina (UCA), el déficit de acceso a la información en la infancia y adolescencia en tiempos de pandemia adquiere una relevancia mayúscula y especialmente en términos de desigualdad social. “Una parte muy relevante de esta población no tiene PC en casa ni conexión adecuada para sostener este proceso de formación en su casa, 48,7% no tiene PC y 47,1% no tiene acceso a servicio de Internet”, determinó el informe de la encuesta sobre parámetros del 2019.

“También los servicios de datos móviles en teléfonos deberían ser identificados como un servicio esencial para garantizar el apoyo educativo en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, sostuvo Orrego. Lo expuesto se alinea con las “Propuestas de la UNESCO para garantizar la educación online durante la pandemia” con carácter inclusivo.

En este aspecto, el organismo internacional insiste en la necesidad de aplicar medidas que garanticen el acceso a la educación digital por parte del alumnado con discapacidad o que proviene de familias de ingresos bajos a quienes deberían facilitarles un acceso a Internet.

  • Si bien, recientemente, el Ministerio de Educación de la Nación junto al ENACOM, acordaron con las tres compañías de telefonía celular Movistar, Claro y Personal, liberar datos asegurando el acceso gratuito a las plataformas y aulas virtuales que utilizan las 57 universidades nacionales, y de la plataforma “Seguimos Educando”, cada compañía dispuso sus propios requisitos para acceder a ese beneficio y quedaron afuera las herramientas que se utilizan para videoconferencias para poder participar de las aulas virtuales. “Hoy la mayoría de los docentes utilizan Zoom, Skype y WhatsApp para comunicarse con los alumnos”, sostuvo el diputado sanjuanino.

Por esta razón, Orrego promueve en el proyecto que no se puedan gestionar cargos por la navegación a través de teléfonos móviles para acceder a información de interés público en páginas gubernamentales, cuya extensión es .gov.ar ó .gob.ar, para realización de trámites (como por ejemplo la de permiso para circular que rige en el marco de la pandemia), la descarga y utilización de la APP CuidAR, la navegación por plataformas educativas.edu.ar y uba.ar, o la utilización de herramientas de videoconferencias.

Con más de 40 millones de teléfonos móviles activos en Argentina, independientemente del nivel de ingreso de los usuarios y de la edad, la transferencia de datos e Internet se han convertido en un recurso esencial de comunicación. “Queremos facilitarles las herramientas necesarias a los docentes, favorecer a la población vulnerable y a la que se encuentra en el interior profundo, donde las carencias son aún más marcadas, porque el acceso a Internet y la señal de WI-FI escasea o es casi nula”, remarcó el diputado sanjuanino.

Por último, el proyecto pretende prorrogar el artículo 2 del Decreto 311/2020, hasta la finalización del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. La medida establece que “Si los usuarios o las usuarias que cuentan con sistema de servicio prepago de telefonía móvil o Internet no abonaren la correspondiente recarga para acceder al consumo, las empresas prestadoras deberán brindar un servicio reducido que garantice la conectividad, según lo establezca la reglamentación”, pero esta obligación vence el 30 de abril.

Acompañan el proyecto como cofirmantes los diputados Graciela Ocaña, Domingo Amaya, Dina Rezinovsky, José Luis Patiño, Dip. Julio Sahad, Juan Aicega, Gustavo Hein, Martin Grande, Gabriel Frizza, Jorge Enríquez, Sofía Brambilla, Héctor Stefani y Eduardo Cáceres.

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