Para oficializar bachilleratos populares
Los legisladores porteños Maximiliano Ferraro (CC ARI en UNEN) y Pablo Ferreyra (Seamos Libres), presentaron un proyecto para otorgar a los bachilleratos populares de jóvenes y adultos, como a otros instituciones de gestión social y comunitarias, el reconocimiento e integración dentro del sistema educativo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde son necesarios ciertos mecanismos legales que garanticen el cumplimiento de pautas generales establecidas por el Estado, entre ellos el reconocimiento de la validez oficial de títulos y autorización para el nombramiento de docentes.
Ferraro:“Este es el puntapié inicial de un proceso participativo para sacar la mejor ley en relación a las instituciones de gestión comunitaria. Debemos construir desde la polifonía de voces y diversidad de miradas la mejor normativa”.
La presentación fue en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, junto a la Directora General de Coordinación Comunitaria, Laura García Tuñon, que acompaña el proyecto desde sus orígenes, además de los legisladores porteños, disertó Orlando Balbo, docente y dirigente social especializado en educación popular de adultos.
En los últimos años como consecuencia de diferentes experiencias sociales de organizaciones de la comunidad, surgieron en la Ciudad propuestas educativas centradas en la pedagogía de la Educación Popular y que en relación con el nivel secundario se los denomina “Bachilleratos Populares de Jóvenes y Adultos”; son aproximadamente 32 instituciones que albergan más de 2000 alumnos jóvenes adultos.
Mientras que Centros de Primera Infancia del Ministerio de Desarrollo de la Ciudad e instituciones de gestión social y comunitarias como Jardines Infantiles Comunitarios, Jardines Maternales de Gestión Asociada,- que actualmente están en el Programa Primera Infancia Ministerio de Educación- cubren más de 500 vacantes. Estas propuestas educativas están en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires y tienen una relevancia social y educativa para un amplio espectro de la población.
“Queremos construir una educación pública, popular y comunitaria para generar un marco normativo que regule estas diversas experiencias. Asimismo, avanzar en un proceso de regulación e incorporación en el sistema educativo, respetando las principales características del trabajo que desarrollan”, aseguró Ferraro, legislador porteño por CC ARI en UNEN y vicepresidente de la Comisión de Educación.
Estas unidades educativas son impulsadas y autogestionadas por organizaciones sociales, asociaciones civiles sin fines de lucro, fábricas y/o empresas recuperadas y cooperativas; se caracterizan por la gratuidad y atención de sectores de la población en situación de riesgo educativo, organizan y adecuan su funcionamiento a un proyecto socio-educativo que contempla la realidad y medio geográfico para responder a las necesidades de sus estudiantes.
“Estas escuelas que proponen la inclusión social y educativa, aun carecen de títulos con validez nacional que impide la sustentabilidad académica, queremos darle un marco legal a las nuevas configuraciones institucionales que reemplazan a las escuelas de gestión estatal y privada existentes”, explicó Ferraro.
Y agregó: “Son escuelas que por sus características geográficas y matrícula atienden y desarrollan metodologías de trabajo adecuadas al contexto social y cultural de sus territorios, y una de sus características centrales es la gratuidad de los servicios que prestan y atención a sectores de la población en situación de vulnerabilidad. Con un proyecto educativo pedagógico autogestionado por la propia comunidad”.
Además, Maximiliano Ferraro agradeció a docentes y trabajadores de los bachilleratos presentes y dijo: “es necesario un marco normativo y batallar para reconocer el trabajo comunitario. Lograrloes construir un consenso para atender la diversidad de cada una de estas propuestas políticas y educativas».