Así lo indicó la Presidenta de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, luego de analizar los datos que arroja el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (ReNaBap).

“Nuestra ciudad no resulta ajena a los efectos de la desigualdad social”, indicó Chialvo, quien aseguró que la situación socio-económica se agravó en los últimos cuatro años, tanto en la ciudad, como en la provincia y en todo el país. A raíz de esto comienzan a surgir en diferentes lugares de nuestra ciudad “barrios populares” que tienen sus particularidades y una dinámica propia y que es interesante analizar y se reflejar en números alarmantes.

La legisladora santafesina explicó que a partir del informe realizado por el Arquitecto Guillermo Steimman y el Abogado Nicolás Taverna referido a los indicadores que constituyen el Hábitat en la ciudad de Santa Fe, se indica en relación al régimen de tenencia, que hay más de 33 mil familias que no son propietarias de las viviendas ni de los terrenos que habitan, son inquilinos unos 22.026, ocupantes por préstamo 7.446 o por otras situaciones 3.867, ascendiendo en conjunto a un cuarto del total.

Pero como contracara de esta realidad, más 6 mil viviendas en toda la ciudad se encuentran sin ocupar, al estar en alquiler o en venta (3.812) o con uso temporal (2.127). Es decir, mientras un número considerable de familias aún no pueden acceder a una vivienda digna, una cantidad significativa de unidades habitacionales se encuentran sin uso alguno.

“Cabe señalar que desde la Comisión de Vivienda y Urbanismo que presido hemos realizado aportes -teniendo en cuenta esta enorme necesidad habitacional- al diseño de la Ley Nacional 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, sancionada en Octubre de 2018. Y posteriormente presentamos junto a la diputada Silvia Ausburguer el proyecto de adhesión del gobierno de la provincia de Santa Fe a la misma, aún esperando tratamiento en nuestra Cámara de Diputados.

En este sentido, vemos necesario que desde la gestión asociada entre los gobiernos nacionales, provinciales y locales se llegue a un diagnóstico exacto de cada uno de estos asentamientos y se comience a diseñar la política pública correspondiente para su regularización, urbanización y/o relocalización, ajustándose a las normas y pautas nacionales e internacionales que correspondan.

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